En menos de 24 horas representantes de tres poderes del país se han pronunciado y sorprendido a los venezolanos. Primero fue Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, con la convocatoria a elecciones; luego Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, sobre las manifestaciones; y Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por demandas contra ocho alcaldes opositores.
Lucena habló la noche del martes y los venezolanos no habían terminado de digerir sus declaraciones cuando en la mañana del miércoles se conoció que la fiscal haría una rueda de prensa para hablarle al país.
Al menos una decena de medios nacionales e internacionales se trasladaron a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, pero en el lugar no había servicio eléctrico, telefónico ni internet por lo que se reubicó la cita a la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público en La Florida.
Se esperaba que Ortega Díaz hablara de los anuncios del Consejo Nacional Electoral, pero en cambio la funcionaria trató por segunda vez en menos de 30 días el tema de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril y que continúan en el país.
La fiscal trató varios temas, pero hubo varios aspectos que resaltaron por lo inesperado de su discurso:
1. El caso Juan Pablo Pernalete y el desmontaje del argumento gubernamental
Cuando se cumplen 28 días del asesinato del estudiante de la Universidad Metropolitana Juan Pablo Pernalete la justicia venezolana esclarece cómo murió el joven de 20 años. Ortega Díaz confirmó que Pernalete fue asesinado en Altamira por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), específicamente con el impacto directo de una bomba lacrimógena a un costado de su pecho.
La fiscal indicó que el estudiante sufrió un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax producto de una bomba lacrimógena. Incluso llevó una bomba similar y la mostró ante los medios. Indicó que tienen cinco testigos del hecho, además se realizó el reconocimiento técnico, el acoplamiento del cartucho, la presencia del residuo en la franela de Pernalete con los elementos que lo componen, el análisis químico y las experticias necesarias. Afirmó que está identificado el grupo responsable de hacer el disparo. En los próximos días se sabrá quién es el responsable directo.
La fiscal recordó que la normativa nacional e internacional prohíbe que las bombas lacrimógenas sean arrojadas a quemarropa. “Es imprescindible y necesario que los funcionarios de seguridad actúen acorde a las normativas”.
Lo dicho por la fiscal desmiente a Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información; Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores; y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; quienes aseguraron que Pernalete habría sido asesinado con una pistola de perno. También lo dicho por el diputado Diosdado Cabello, que aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante de la Universidad Metropolitana y que a Pernalete lo habían asesinado “ellos mismos”, en referencia a los manifestantes opositores.
2. Represión desmedida
La fiscal ofreció un balance de los fallecidos, detenidos, lesionados y las investigaciones que el Ministerio Público ha registrado desde el 6 de abril. Detalló que hasta este miércoles hay 55 venezolanos fallecidos, de los cuales 52 son civiles y tres funcionarios militares o policiales.
Un total de 1.000 personas han resultado lesionadas, 771 civiles y 229 funcionarios militares o policiales. Afirmó que más de la mitad de los heridos (500) han sido por la actuación y uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado. Destacó que era preocupante cómo se ha exacerbado la violencia.
Aseveró que era responsabilidad de los encargados de los cuerpos de orden público que los funcionarios encargados de velar de este se encuentren bien formados. Exhortó a las autoridades de mando de las fuerzas del orden público a hacer seguimiento a los funcionarios que están encargados.
3. Proliferación de colectivos
Ortega Díaz afirmó que los cuerpos de seguridad del Estado tienen que evitar confrontaciones entre grupos antagónicos y deben usar la fuerza en contra de los “grupos civiles armados” sin importar la tendencia política a la que pertenezcan.
Indicó que existen 16 investigaciones abiertas contra los grupos civiles armados al margen de la ley. Destacó que existe preocupación por la proliferación de los grupos armados.
También aseveró que se han recibido denuncias de sujetos armados en actitud violenta durante manifestaciones antes de que efectivos de seguridad hagan presencia en el sitio, al igual que cuando ya están ahí las fuerzas del Estado.
Aunque Ortega Díaz nunca se refirió a los grupos civiles armados como “colectivos”, popularmente se les conoce así.
4. Manipulación por parte de los políticos
La fiscal señaló que se han visto manipulaciones al margen de los hechos cuando es el Ministerio Público el que está investigando y recabando los elementos de prueba para afirmar cómo ocurrió un evento y así generar confianza en la ciudadanía.
Aseveró que las hipótesis entorpecen las investigaciones y crean expectativas en la población. Además que crean una presión “innecesaria e irrespetuosa” sobre los investigadores.
También criticó la manipulación de videos para beneficiar a una parcialidad política, esto lo comentó en referencia al caso de un joven quemado en Altamira. “Preocupa como se ha exacerbado la violencia, vimos como un hombre fue quemado también en Altamira, es realmente dantesco”.
Hizo un exhorto a todos los actores políticos a evitar señalar hipótesis sobre los asesinatos y hechos violentos que ocurren en el país sin que el Ministerio Público o el Cicpc lo haga. Sostuvo que no era momento para instrumentalizar la muerte ni las agresiones por razones políticas, expresó que hacer esto no contribuía con la paz en la sociedad.
Varios políticos del gobierno como Ernesto Villegas y Diosdado Cabello, incluso el presidente Nicolás Maduro han difundido videos del joven quemado.
5. Policías saqueando, violando derechos y desaparecidos en disturbios
La máxima representante del Ministerio Público informó que se emitieron 18 órdenes de captura contra funcionarios policiales y militares que están por ejecutarse.
Señaló que en la actualidad hay 19 efectivos de seguridad imputados por violación a los derechos fundamentales en delitos como homicidios, trato cruel, uso indebido de arma y privación ilegítima de libertad.
Indicó que ha recibido denuncias de poca y falta de presencia de funcionarios de seguridad en Barinas cuando hay destrozos y alteraciones al orden público, por lo que hizo un llamado a los efectivos para que se acerquen a los sitios y eviten los hechos delictivos. Expresó que también tienen denuncias de policías y militares saqueando.
6. Justicia militar para civiles preocupa
Ortega Díaz dijo que el Ministerio Público está preocupado por la imputación de civiles detenidos durante acciones de protestas en tribunales militares del país.
Aseveró que los civiles ante la justicia militar es un asunto que contrariaba los principios y mandatos de la Constitución en lo que se refiere al derecho de tener un juez natural.
Expresó que el Ministerio Público quiere comprobar el estado de salud de los ciudadanos apresados, no por capricho sino porque la ley establece que la fiscal general y los fiscales del órgano de justicia deben verificar cómo están los privados de libertad.
7. Guerra de tribunales
La fiscal detalló que el Ministerio Público sigue siete investigaciones sobre la justicia militar en casos de la justicia ordinaria. Indicó que se pidió la declinatoria en dos casos: uno en Nueva Esparta y otro en Zulia.
Además destacó que se presentará un amparo en uno de los tribunales por negarse a pronunciar sobre el hecho.
“Causa alarma que en Venezuela se califique de impunidad el respeto a los derechos humanos, como ser juzgados por tribunales civiles”, dijo.
Reveló que dirigieron una comunicación a la fiscal general militar, capitana de navío Siria Venero de Guerrero, para que dé a conocer la cantidad de detenidos y procesos que están llevando a cabo.
8. No todos los detenidos son culpables
Ortega Díaz dijo que en materia de delitos comunes hay 2.664 personas imputadas por homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, robo, ultraje violento y más. Informó que existen 284 privados de libertad y argumentó que no todos los aprehendidos son responsables de la violencia.
Dijo que la liberación de las personas detenidas ilegalmente constituyen un “triunfo” en el Estado de Derecho y que causa alarma lo que calificó como “tendenciosa matriz” sobre una supuesta impunidad.
Arguyó que deben identificarse las causas de la confrontación entre los venezolanos y que esta no se resuelve privando de libertad sino reconociendo que existen varios factores.
En los últimos días políticos oficialistas como Diosdado Cabello e Iris Varela han pedido al Ministerio Público que cese la impunidad y que se detengan a todos los “terroristas”.
9. Descontento es por la crisis económica
Antes de finalizar sus declaraciones la fiscal reiteró que las manifestaciones deben ser pacíficas y el Estado debe garantizarlas.
La funcionaria además aseveró que actualmente existe un descontento social tiene como causante la situación social por la crisis económica.
“El descontento obedece a la situación social y de escasez en el país, los actores políticos deben disminuir su arenga a simpatizantes de rechazar al otro, porque seguir así, la escalada violenta será lo que vendrá. Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población”, expresó.
La de hoy fue la tercera rueda de prensa que la fiscal hace en lo que va de año. La primera fue la presentación de la Memoria y Cuenta 2016 del Ministerio Público. Ahí expresó que existía una ruptura del hilo constitucional debido a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional.
El segundo pronunciamiento de la fiscal ocurrió hace menos de un mes. En esa ocasión, la máxima representante del órgano de justicia expresó su posición ante las manifestaciones y hechos violentos que ocurren desde el 1° de mayo.
La semana pasada se conoció que Ortega Díaz envió una carta a Elías Jaua, ministro de Educación y presidente de la comisión presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, para informarle que no acudiría a la reunión sobre el proceso impulsado por el gobierno por considerar que la Constituyente no resuelve los problemas del país y no es necesaria.
EL DATO
Hubo un gran ausente en la rueda de prensa de la fiscal, el canal de “todos los venezolanos”: Venezolana de Televisión. El medio no transmitió lo dicho por Ortega Díaz ni lo reseñó en su portal web ni en su cuenta de Twitter.