La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público está preocupado por la imputación de civiles detenidos durante acciones de protestas en tribunales militares del país.

Ortega Díaz aseveró que los civiles ante la justicia militar es un asunto que contrariaba los principios y mandatos en la Constitución en lo que se refiere al derecho de tener un juez natural.

Detalló que el Ministerio Público sigue siete investigaciones sobre la justicia militar en casos de la justicia ordinaria. Indicó que se pidió la declinatoria en dos casos: uno en Nueva Esparta y otro en Zulia.

La fiscal además destacó, en una rueda de prensa, que se presentará un amparo en uno de los tribunales por negarse a pronunciar sobre el hecho.

Reveló que dirigieron una comunicación a la fiscal general militar, capitana de navío Siria Venero de Guerrero, para que dé a conocer la cantidad de detenidos y procesos que están llevando a cabo.

Expresó que el Ministerio Público quiere verificar el estado de salud de los ciudadanos apresados, no porque sea un capricho sino porque la ley establece que la fiscal general y los fiscales del órgano de justicia deben verificar cómo están los privados de libertad.

“El Ministerio Público es el brazo de la justicia, de la gobernabilidad y la legalidad para garantizar la paz”, expresó.

Reiteró que están trabajando arduamente con el Cicpc y los órganos auxiliares de justicia, incluso abandonando sus horas de descanso para dar respuesta oportuna y hacer justicia para frenar la escalada de violencia que afecta a todos en el país.

La fiscal también se refirió a la muerte del joven estudiante Juan Pablo Pernalete, asesinado por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional, a los grupos armados al margen de la ley, a la violencia y matrices políticas, las investigaciones y órdenes de captura emitidas, y ofreció un balance general de la situación desde el 6 de abril.

Las declaraciones de la fiscal estaban pautadas a las 11:00 am desde la sede del Ministerio Público, pero hubo un apagón en varias zonas de Caracas y se reubicó el sitio del encuentro con la prensa.


LA CIFRA

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, informó que para el 22 de mayo había ocurrido 2.728 arrestos por protestas y de estos 338 personas habían sido presentadas en tribunales militares dejando a 175 privados de libertad.


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