El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta y el rector de la Universidad Católica del Táchira, Javier Yonekura, participaron en la misa exequial del estudiante de derecho de esa academia, Daniel Rodríguez Quevedo, asesinado este jueves cuando intentaba protegerse de la incursión de motorizados armados. El hecho ocurrió en la localidad de Santa Ana, municipio Cordoba, al sur del Táchira.
“Les ofrecemos nuestra voz de consuelo, que también es voz de profetas para seguir anunciando el Evangelio de la liberación en nuestro país, denunciar la maldad, la violencia y la irracionalidad que se han apoderado de nuestra sociedad, para exigir justicia y reclamar ante quienes han cometido el asesinato su conversión y cambio de actitud”, dijo Moronta durante la misa.
El Consejo Universitario de la UCAT, emitió un comunicado en el que condena el asesinato de Rodríguez Quevedo y exige se aclare las circunstancias del homicidio.
“Exige del Estado a través de sus órganos competentes, el esclarecimiento efectivo y diligente de las circunstancias de este terrible hecho, así como el establecimiento de las responsabilidades y la imposición de las penas correspondientes. La Universidad recuerda que la función del Poder Público es proteger a las personas e investigar los hechos delictivos perpetrados en su perjuicio, sin distinciones de raza, credo, condición social u orientación política. La salvaguarda de la dignidad humana excluye cualquier consideración a elementos que lo distraigan de ello”, señala uno de los puntos del comunicado.
Asimismo, el Consejo Universitario exige la aplicación de la Ley para los grupos armados que subvierten el orden.
“Condena, una vez más, la actuación de grupos violentos que, actuando con la mayor impunidad, continúan haciendo uso de prácticas ilegales, dedicándose a sembrar el terror en la colectividad tachirense. Su actuación, a través del asesinato y lesión a personas, así como causando destrozos y saqueos, constituye un agravio directo al derecho a recibir protección por parte de los órganos del Estado y a toda la Constitución. Estos grupos deben ser repelidos, disueltos y castigados conforme a la ley”.