En agosto, Camila Moreno salió de la estación de metro Teatros, ubicada en el centro de la ciudad, a las 4:50 pm. Caminaba por la avenida Lecuna, por la esquina de Miseria, con una bolsa de pan para la cena cuando fue atacada por dos jóvenes a quienes la mujer describió como no mayores de 20 años de edad; luego de amenazarla con un cuchillo, la despojaron de todas sus pertenencias. Ambos delincuentes huyeron del lugar, pero uno de ellos fue detenido por un funcionario que lo llevó a un punto de control de la GNB, ubicado en la plaza La Concordia, en el mismo lugar donde funcionó la temible cárcel La Rotunda hasta 1936. Allí el sospechoso permanece desde hace mas un mes, junto a otros seis hombres con edades de entre 18 a 25 años de edad.
Estos siete delincuentes duermen en el piso, tienen un baño portátil y reciben visitas diarias de sus familiares. Un funcionario que no reveló su identidad dijo que están a la espera de que la Fiscalía ordene el traslado a calabozos policiales, porque no hay cupo en las cárceles. Mientras tanto, los 14 miembros de la GNB deben custodiarlos las 24 horas al día, sin poder actuar en otros delitos que se presentan en las adyacencias.
El punto de control requiere, al menos, de 15 hombres más para brindar más vigilancia en el sector, considerado uno de los más peligrosos de la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador, según la fuente militar.
Desde la inauguración de los edificios de la Misión Vivienda en el año 2013, varias zonas de esta parroquia se han convertido en “unas guillotinas” para los comerciantes, residentes y transeúntes que hacen vida en la localidad, aseguró Roberto Márquez, comerciante de esos predios. Relató que su hijo fue víctima de un robo, cuando una mujer joven y embarazada le pidió que la ayudara a meter un botellón de agua potable dentro del edificio donde supuestamente vivía, pero al abrir la puerta tres hombres que estaban dentro lo atacaron a golpes, lo amenazaron con un cuchillo, y lo despojaron de su teléfono celular y de dinero en efectivo.
Márquez dijo que luego del incidente se comunicaron con los números de teléfono de los cuadrantes de seguridad habilitados en las cercanías y ninguno estaba en funcionamiento.
Parroquia peligrosa. Jesús Armas, concejal de Libertador, dijo que Santa Rosalía es una de las cinco parroquias más inseguras del municipio, al igual que Antímano, Sucre, La Vega, El Paraíso y El Valle.
Aseguró que en Santa Rosalía existe un monopolio de la violencia asociada a la banda delictiva de El Coqui, que opera en sectores como Primero de mayo, en El Cementerio, Santa Eduvigis y la Cota 905, que pertenece a la parroquia La Vega. También existen otras bandas menores que se dedican a delitos como el robo, hurto y venta de drogas en las diferentes calles y esquinas del centro de la cuidad capital.
El concejal Armas informó que Libertador cuenta con aproximadamente 1.500 policías en nómina, pero este número se reduce significativamente debido a que hay funcionarios de permiso, otros en labores en áreas administrativas y otro grupo está “prestado” para funciones de guardaespaldas de diputados y concejales. Quedan disponibles solo 300 funcionarios para resguardar la seguridad de 2 millones de personas que, se calcula, viven en el municipio. El déficit es de 2.500 agentes, lo cual es reforzado con policías de la PNB y de la GNB, dijo Armas.
Señaló que hasta el momento la alcaldía no ha realizado ninguna inversión en materia de seguridad para el municipio, lo que ha traído como consecuencia la falta de dotaciones de los funcionarios de Policaracas. Los agentes de esta fuerza policial carecen de uniformes, las botas con las que trabajan están rotas, el armamento es casi inexistente y el transporte para atender situaciones de emergencia es casi nulo, dijo Armas.
El informe del Observatorio de Incidencia Delictiva de la ONG Caracas Cambia señala que en los últimos cinco meses 75% de los homicidios perpetrados en la parroquia Santa Rosalía son por ajusticiamiento a manos de fuerzas policiales, mientras que 16.7% de las muertes ocurre por riñas y 8.3% es por robos.
Según el documento, vecinos y dirigentes comunitarios consideran que las zonas son usadas por los delincuentes como guarida para esconder temporalmente a las víctimas de secuestros realizados en otros sectores de la ciudad.