Por segundo día consecutivo, el gobierno ordenó excarcelar a otro grupo de presos políticos como un supuesto gesto de paz. Ayer a las 11:30 de la mañana comenzaron a trasladar a los detenidos desde El Helicoide, la cárcel 26 de Julio (Guárico), el Centro Penitenciario Fénix (Lara), Uribana (Lara) y Ramo Verde (Miranda) hasta la Cancillería de la República, en el centro de Caracas.

Allí, los esperaba Delcy Rodríguez, presidente de la asamblea nacional constituyente; Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC;  Pedro Pablo Fernández, en representación de Copei y  Avanzada Progresista; además de 2 gobernadores opositores Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) y Ramón Guevara (Mérida), que fungieron como garantes en el proceso.

En el acto de la comisión de la verdad, que empezó aproximadamente a las 4:00 pm, Rodríguez pidió a los ciudadanos resolver las diferencias políticas en los espacios democráticos y dejar de promover el desencuentro de manera violenta entre los venezolanos. “¡Basta de odio. En nuestro país hay espacio para la disidencia y la convergencia de ideas!”, afirmó. Mientras que en las adyacencias de la Cancillería un grupo de supuestos familiares de “víctimas de guarimba” atacaba con consignas e insultos a quienes esperaban la liberación de los presos políticos. “Asesinos, asesinos”, gritaron.

En esta oportunidad, 40 reclusos recibieron medidas sustitutivas de libertad. Entre ellos Renzo Prieto y Gilber Caro, diputados suplentes de la Asamblea Nacional; Wilmer Azuaje, diputado al Consejo Legislativo de Barinas; Roberto Picón, asesor de la MUD; José Vicente García, concejal de San Cristóbal; Gregory Sanabria, Gabriel Vallés, Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado.

Sus familiares denunciaron que en las cárceles han sido víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos. Además, les negaban la atención médica como en los casos de Gregory Sanabria (El Helicoide) y Gilber Caro (26 de Julio), que estuvieron en malas condiciones, sin luz natural, sin visita de parientes ni de abogados y consumiendo alimentos en estado de descomposición. En sus casos tampoco se ha respetado el debido proceso.

Condiciones. Al concluir el acto, Pedro Pablo Fernández informó que los presos políticos serían llevados nuevamente a sus lugares de reclusión para oficializar las medidas cautelares. Barreto Sira aseguró que algunos recibieron libertad plena y otros deberán presentarse ante los tribunales cada 30 días.

Theresly Malavé, abogada de Gilber Caro, alertó que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, no quiere respetar la decisión del Tribunal Militar y podría dejarlo encarcelado nuevamente.

“La jueza Luz Mariela Santafe llamó al penal y se burlaron. Los militares lo sacaron y lo trasladaron en avión hasta Caracas. Si lo llevan a Fénix, no sale. A Gilber lo han torturado y lo tenían metido en un hueco. Ni siquiera aceptaron la orden para ser atendido por un médico”, dijo.

Adolfo Baduel, hermano de Raúl Emilio Baduel,  expresó que sentía una alegría inexplicable porque no esperaban la liberación. Recordó que durante cuatro años su hermano estuvo sometido a tratos crueles e inhumanos en seis cárceles comunes.

Aprovechó para denunciar que tiene 120 días sin ver a su padre, el general Raúl Isaías Baduel, que está recluido en La Tumba. “Seguiremos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y denunciando los tratos crueles e inhumanos de los que son víctimas”, señaló.

En dos días han sido excarceladas 79 personas. La primera orden se produjo el viernes cuando el Tribunal Supremo de Justicia anunció la decisión de otorgarles beneficios procesales a 39 personas, de los cuales 21 son presos políticos. De esa cifra, 5 tenían boletas de salida que no fueron acatadas por el Sebin y 2 arrestos domiciliarios. Aunque el general retirado del Ejército Ángel Vivas no estaba en la lista que publicó el TSJ, también recibió medidas cautelares y salió del Sebin el viernes en  la noche, acompañado de sus familiares.

Se supo que los días martes y miércoles de la próxima semana, el gobierno anunciará otro grupo de presos que recibirán medidas sustitutivas de libertad.


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