Una reunión de emergencia convocada en Miraflores la noche del pasado lunes, en la que se evaluaron los efectos de la propuesta de ley contra delitos mediáticos, repudiada de manera contundente no sólo por amplios sectores del país sino también por la comunidad internacional que en pleno reaccionó con estupor ante lo que consideraron un terrible atropello al sistema democrático y a la libertad de expresión, concluyó con una orden: la propuesta debe detenerse y el tema debe desaparecer ante la opinión pública.

A escasos días de haber sido presentada ante la Asamblea Nacional por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la propuesta resultaba rotundamente negativa en términos de imagen para la figura presidencial, especialmente en el ámbito internacional. Más aún considerando que el Gobierno también debe afrontar actualmente los efectos, de cara a la comunidad internacional, del conflicto con Colombia por las armas que supuestamente habrían sido transferidas a las FARC. Ese fue el balance efectuado en la mencionada reunión, según revelaron fuentes cercanas al alto gobierno.

Desde esa misma noche, y a pesar de que apenas horas antes la vicepresidenta de la Comisión de Medios, Rosario Pacheco, había informado a través de ABN, la agencia de noticias del gobierno, que al día siguiente se comenzaría a debatir la propuesta -tal como también lo informó la diputada Cilia Flores, el día que recibió en el hemiciclo a la fiscal- comenzaron a revertir la noticia.

A la mañana siguiente, cuando los periodistas llegaron a la Asamblea para dar cobertura a la anunciada y temida discusión, se encontraron con informaciones contradictorias entre sí, por parte de los diputados: "no hay ningún proyecto de ley", "no hubo consenso", "la fiscal no tiene iniciativa legislativa en materia de libertad de expresión", "se congeló el proyecto", fueron sólo algunas de ellas.

El presidente Hugo Chávez emplazó públicamente, el 28 de mayo de este año, a Ortega Díaz, a tomar medidas revolucionarias, pero las fuentes aseguran que desconocía el contenido, y sobre todo el alcance y magnitud, de la propuesta de la fiscal. "Se enteró al escuchar su intervención en el Parlamento".

Los informantes apuntaron que Ortega Díaz recibió de su equipo de consultoría jurídica dos borradores de proyecto, pero se decidió por el que consideró menos débil y le agregó aspectos aún más radicales pues lo consideraba insuficiente. "No consultó a nadie, ni midió el efecto", advirtieron las fuentes.

Al igual que los ministros Diosdado Cabello y Blanca Eeckout, el diputado Carlos Escarrá apoyó el proyecto. Sin embargo, se asegura que fue él quien advirtió de su inconstitucionalidad.

El documento enviado por la Fiscalía General y remitido a la Secretaría del Parlamento, contó, en principio, con las firmas de los diputados Pedro Lander, Israel Sotillo, Ricardo Capella y Manuel Villalba. Éste último repensó el asunto luego de escuchar a Escarrá y a Luis Tascón, quien criticó duramente la propuesta.

La diputada Desireé Santos Amaral, también periodista, dijo que debe haber libertad de expresión, pero que deben aplicarse con toda entereza y fuerza las leyes que existen para evitar abusos e incurrir en el terrorismo mediático.

Atención lector: Esta información no podría ser publicada de aprobarse el protecto de ley contra delitos mediáticos