En un comunicado oficial, la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, consideró que el cierre de más de 240 emisoras AM y FM, anunciado la pasada semana por el Gobierno nacional, califica como "un atentado directo contra la libertad de expresión".

En el texto, los radiodifusores indican que tal medida "terminará afectando a cientos de familias que viven de dichas emisoras, pero principalmente a más de 27 millones de venezolanos que reciben entretenimiento, educación e información, a través de estos medios de comunicación que operan con apego a la Ley y a la Constitución de la República".

Hacen ver que la radio en Venezuela es "esencialmente democrática", pues la Cámara de la Industria de la Radiodifusión afilia a 414 emisoras AM y FM, operadas por más de 300 prestadores de servicio de diferente identidad, de las más diversas procedencias y corrientes de pensamiento y miles de productores y locutores. 

"Esto ha permitido que se garantice a través de sus transmisiones la pluralidad de ideas y el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.  Las emisoras de radio son la voz del pueblo en cada región, ellas se hacen eco de los problemas más sentidos de la sociedad", dice el comunicado.

Consideran que la amenaza de cierre de emisoras atenta no sólo contra la Constitución sino también contra la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), instrumentos que obligan a la República a garantizar la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

La cámara de la radio sostiene que carece de fundamento invocar una "ilegalidad" generalizada de la operación de las emisoras de radio cuando, los radiodifusores miembros de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión han cumplido todos los trámites exigidos por Conatel a partir del año 2000, para adecuarse a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

"Conatel ha reconocido los derechos, la legalidad y la legitimidad de los radiodifusores, de quienes incluso durante años ha recibido el pago de impuestos por sus actividades; ha realizado inspecciones y fiscalizaciones sin objeciones; y se ha reunido reiterada y oficialmente con los radiodifusores reconociéndolos formalmente como tales, además de haberles remitidos numerosas comunicaciones escritas en su condición de operadores".

Advierten que de concretarse la medida se dejaría fuera del aire a casi 40% de las emisoras del país, "sin que haya ninguna norma que soporte estas medidas extremas, repentinas, inconstitucionales y desproporcionadas".

"De concretarse esta amenaza, más de 5.000 familias venezolanas perderán sus medios de sustento. Las pequeñas y medianas empresas de radio emplean numerosas personas incluyendo operadores, locutores, personal técnico, administrativo y obrero, quienes pasarían a ser desempleados. Esta medida afectará también a unos 200 periodistas, a más de 1.500 productores nacionales y a 27 millones de venezolanos", dice la cámara.