En un comunicado oficial, la Cámara Venezolana de la
Industria de la Radiodifusión, consideró que el cierre de más de 240 emisoras
AM y FM, anunciado la pasada semana por el Gobierno nacional, califica como "un
atentado directo contra la libertad de expresión".
En el texto, los radiodifusores indican que tal medida
"terminará afectando a cientos de familias que viven de dichas emisoras, pero
principalmente a más de 27 millones de venezolanos que reciben entretenimiento,
educación e información, a través de estos medios de comunicación que operan
con apego a la Ley y a la Constitución de la República".
Hacen ver que la radio en Venezuela es "esencialmente
democrática", pues la Cámara de la Industria de la Radiodifusión afilia a 414
emisoras AM y FM, operadas por más de 300 prestadores de servicio de diferente
identidad, de las más diversas procedencias y corrientes de pensamiento y miles
de productores y locutores.Â
"Esto ha permitido que se garantice a través de sus
transmisiones la pluralidad de ideas y el pleno ejercicio de la libertad de
expresión en Venezuela. Las emisoras de
radio son la voz del pueblo en cada región, ellas se hacen eco de los problemas
más sentidos de la sociedad", dice el comunicado.
Consideran que la amenaza de cierre de emisoras atenta no
sólo contra la Constitución sino también contra la Declaración Universal de
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), instrumentos
que obligan a la República a garantizar la libertad de expresión como un
derecho humano fundamental.
La cámara de la radio sostiene que carece de fundamento
invocar una "ilegalidad" generalizada de la operación de las emisoras de radio
cuando, los radiodifusores miembros de la Cámara Venezolana de la Industria de
la Radiodifusión han cumplido todos los trámites exigidos por Conatel a partir
del año 2000, para adecuarse a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
"Conatel ha reconocido los derechos, la legalidad y la
legitimidad de los radiodifusores, de quienes incluso durante años ha recibido
el pago de impuestos por sus actividades; ha realizado inspecciones y
fiscalizaciones sin objeciones; y se ha reunido reiterada y oficialmente con
los radiodifusores reconociéndolos formalmente como tales, además de haberles
remitidos numerosas comunicaciones escritas en su condición de operadores".
Advierten que de concretarse la medida se dejarÃa fuera del
aire a casi 40% de las emisoras del paÃs, "sin que haya ninguna norma que
soporte estas medidas extremas, repentinas, inconstitucionales y
desproporcionadas".
"De concretarse esta amenaza, más de 5.000 familias
venezolanas perderán sus medios de sustento. Las pequeñas y medianas empresas
de radio emplean numerosas personas incluyendo operadores, locutores, personal
técnico, administrativo y obrero, quienes pasarÃan a ser desempleados. Esta
medida afectará también a unos 200 periodistas, a más de 1.500 productores
nacionales y a 27 millones de venezolanos", dice la cámara.
