El gobierno decretó el sábado el "estado de emergencia'' en cuatro departamentos amazónicos ante un paro de las comunidades indÃgenas que afecta a la producción petrolera.
"Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito'', dice el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
Señala que la medida de excepción regirá durante 60 dÃas en los departamentos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas.
El "estado de emergencia'' se decreta luego de informes oficiales sobre paralizaciones en las embarcaciones que abastecen de vÃveres y equipos a los trabajadores que laboran en los lotes de perforación petrolera de las empresas Pluspetrol de Argentina y la francesa Perenco.
Los indÃgenas acatan un paro desde el 9 de abril para exigir al gobierno que derogue varios decretos aprobados por el Congreso en diciembre como parte de la adecuación de la legislación para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigencia en febrero.
La declaratoria de emergencia indica que la empresa estatal Petroperú, y la canadiense Talisman han reportado "la existencia de personas que amenazan con paralizar sus labores''.
Fernando Daffós, vocero de Petroperú, confirmó a la AP que "la empresa no habÃa recibido todavÃa una remesa (de petróleo) enviada desde una estación de bombeo''.
El primer ministro Yehude Simon sostuvo el sábado en la radio RPP que la protesta de los indÃgenas de la amazonÃa peruana "tenÃa fundamento'', pero mostró su desacuerdo respecto a las formas cómo se realizaban las manifestaciones.
"Si se suprimen los decretos legislativos que piden, entonces 28 millones de peruanos vamos a sufrir las consecuencias de tener que suprimir contratos de petróleo y no habrá desarrollo'', añadió Simon.
A su vez, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesp), indicó a la AP que la protesta "seguirá hasta que se deroguen los últimos 9 decretos legislativos que los afectan y que se implementaron cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos''.
Consideran que los decretos objetados vulneran derechos fundamentales de los pueblos indÃgenas, como el derecho colectivo al territorio ancestral, y debilitan la protección de las reservas territoriales de los indÃgenas.
