Los dos tomos tapa dura de las Obras Completas de Rómulo Gallegos, editadas por Aguilar en 1959, pesan 1,200 kilogramos. Eso, a 0,35 bolívares fuertes por kilo -que es lo que paga una fábrica que desmenuza libros para venderlos como pulpa- suman 0,42 bolívares.

Las piezas más emblemáticas de la memoria cultural venezolana no valen ni un bolívar en el mercado del reciclaje de papel. Por peso, como el queso paisa, se vendieron no sólo muchos ejemplares de la obra Gallegos, sino la miles de autores que entraron en la lista de descarte de material de las 36 bibliotecas del estado que, entre 2007 y 2008, realizó el Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información de Miranda, mientras Diosdado Cabello era gobernador. En total, sumaban hasta mediados de la semana pasada 62.262 volúmenes, pero las auditorías continúan.

"Al que llegue le compramos", es claro Carlos Montecristo, encargado de la Recuperadora 31-35 en El Tambor, quien describe su trabajo de disección: "nos traen los libros y rompemos para sacarles la pega y la portada. Seleccionamos el material, lo embalamos y lo mandamos al molino".

A esa empresa devoradora de letras llevaron los libros que sacaron de las bibliotecas mirandinas. "Sí, los que venían eran de la gobernación, pero nosotros sólo los conocíamos de vista", advierte Montecristo. El destino final es la fábrica Repaveca, en Maracay, donde, entre otros productos, elaboran papel higiénico y servilletas a partir del reciclaje.

La operación de destrucción de textos quedó registrada en actas, todas apiladas en cajas de cartón en la oficina de la presidencia del instituto mirandino, a las que les anexaron los cheques y los vauchers de los depósitos que la Recuperadora 31-35 pagó a la institución del Estado.

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