La legislación aprobada a lo largo de 2008 por el Gobierno peruano para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tiene "muy serias limitaciones" para proteger el medio ambiente, afirmaron este miércoles expertos y legisladores de la oposición.

Uno de los decretos legislativos cuestionados, conocido como la nueva ley forestal y de fauna, "es una ley antibosque" porque va a retirar 45 millones de hectáreas del patrimonio forestal para ser entregados en concesión para la producción de biocombustibles, denunció en rueda de prensa el legislador opositor Róger Nájar.

La amazonía peruana tiene 74 millones de hectáreas de bosques y, según Nájar, sólo quedarán disponibles 27 millones de hectáreas de áreas protegidas y otros dos millones de hectáreas libres.

Mediante esa norma, "se facilita no sólo la depredación sino también la tala ilegal, porque no considera sanciones para el comerciante de la madera que se extraiga de esas zonas", agregó el legislador, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

El parlamentario añadió que el decreto está hecho para "la satisfacción de la industria del biodiesel", un combustible que el Gobierno peruano ha dispuesto que empiece a ser utilizado masivamente a partir del 2009.

Por su parte, su colega del partido Unión por el Perú (UPP), Elizabeth León, declaró que el Gobierno del presidente Alan García promulgó esa controvertida norma forestal bajo el pretexto de que los pobladores de las zonas selváticas son pobres porque no pueden hacer uso de esos recursos maderables.

León pidió rechazar la "estigmatización" de los peruanos en la sierra y selva del país, bajo el argumento de que "son pobres por ociosos", y atribuyó esa situación a la ausencia del Estado en esas regiones apartadas.

La parlamentaria también criticó la aparente "obsesión" que hay en el Gobierno para implementar el TLC antes de enero próximo, cuando concluye la gestión del gobernante estadounidense George W. Bush.

Otros decretos cuestionados han sido los que introducen en Perú la actividad de las empresas productoras de semillas transgénicas y la denominada "ley de agua", que podría facilitar la entrega de recursos hídricos a los centros mineros de tajo abierto.

La coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza, afirmó que no hay plazo para implementar el TLC y más bien hizo un llamado para que el Congreso se tome el tiempo necesario para analizar el marco legal.

Alayza hizo mención a una carta, enviada por organismos ambientalistas internacionales, a la representante comercial de EE UU, Susan Schwab, el pasado 17 de noviembre, en la que piden que estas "serias deficiencias" sean rectificadas antes de la implementación del acuerdo comercial.

Según los firmantes de esa carta, entre los que figuran Oxfam America y Washington Office on Latin America, las dificultades se han observado también en lo referente a derechos laborales y el acceso a medicamentos.

En opinión de Alayza, las mismas críticas se pueden presentar en el TLC que Perú acaba de negociar con China, pues una semana después de concluidas las conversaciones aún no se ha difundido el capítulo referente a los temas laborales y ambientales.