El caso del empresario Eligio Cedeño llegó a sus manos pocos días antes del pasado 25 de noviembre. La jueza, María Lourdes Afiuni, le comentó a un amigo que un asunto tan "polémico" podría entorpecer sus planes de viajar a Miami como lo hace todos los años, para aprovechar las rebajas que ofrecen las tiendas por el Día de Acción de Gracias.

Pero también pensó que no tendría otra oportunidad para utilizar los dólares que le había asignado Cadivi. Se fue de compras y regresó cargada de maletas y sin dinero para pagar el taxi que la conduciría desde el aeropuerto hasta su apartamento de 130 metros cuadrados en La Boyera. Entregaría los primeros regalos a sus padres y a su hija de 17 años que próximamente comenzará a estudiar Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello.

La armonía de ese hogar se trastocaría con el allanamiento que realizaron funcionarios de la Disip a la 12:30 am del 11 de diciembre. Horas antes la jueza Afiuni había sido detenida por haber concedido libertad condicional a Eligio Cedeño.

Cuando los agentes llegaron a la habitación de Afiuni encontraron una condecoración en reconocimiento a sus diez años de servicios en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde fue asesora en la dirección del organismo en tiempos de Marcos Chávez.

El ex funcionario del Cicpc, Luis Godoy, da cuenta del aprecio que ha acumulado Afiuni entre sus compañeros de trabajo: "Es una mujer honesta, trabajadora, profesional y justa. No meto las manos en el fuego por nadie, pero por ella sí".

La abogada Lucía Gómez de Delgado también confirma su excelente reputación: "Considero que es una jueza que hace lo que jurídicamente corresponde".

La jueza 31 de Control ingresó al Poder Judicial en 2002 y en 2006 obtuvo la titularidad del cargo, mediante los programas desarrollados por el Tribunal Supremo de Justicia que no corresponden a concursos de oposición propiamente dichos. En su hoja se servicio como jueza figura una amonestación por no informar al TSJ que no había aplicado una norma en beneficio de un reo.

Su hermano, Nelson Afiuni, apuntala la defensa: "Ella es tan correcta que una vez yo había bebido unos tragos y luego tomé el carro para regresar a mi casa. Me detuvo un policía y yo, para tratar de salirme del problema, dije que era hermano de una jueza. La llamaron y ella les dijo a las autoridades que me dejaran detenido, al menos, hasta que se me pasara la embriaguez".

Un alguacil del Palacio de Justicia, que prefirió no identificarse, cuenta que una vez oyó a Afiuni decirle a la presidenta del circuito Venecci Blanco: "No me mandes casos políticos, déjame tranquila con mis presos comunes".

Una colega de Afiuni que, por temor a represalias, también pidió reserva de su nombre, señala: "Todos los jueces penales vivimos con el Credo en la boca, rogando a Dios que no nos caiga un caso donde el Gobierno tenga interés, porque decidir apegados a Derecho nos puede costar el cargo". La explicación coincide con la suerte que corrió la jueza Yuri López, quien también tuvo en su manos el caso Cedeño. "Se vio obligada a salir de Venezuela con su familia en busca de asilo político en Estados Unidos, luego de haber sufrido amenazas, insultos, asaltos personales y, finalmente, el intento de secuestro de su hijo de 11 años", indica el abogado Robert Amsterdan, asesor del empresario en instancias internacionales.

El ex juez Jesús Ollarves destaca que lo más grave de todo es que el presidente Hugo Chávez haya pedido cadena perpetua para una jueza: "No es posible que el jefe del Estado decida quién va preso y quién no. Así lo hizo con Manuel Rosales".

Del contenido del acta donde quedó registrada la liberación de Cedeño, se infiere que María Lourdes Afiuni estaba consciente del poder (y no necesariamente el Judicial) que estaba operando. El Código Orgánico Procesal Penal establece que un juez puede revocar unilateralmente una detención y en cualquier momento. Afiuni lo efectuó cuando tuvo el reo a la vista y podía disponer de él. Si lo hubiera hecho mientras el empresario permanecía en los calabozos de la Disip, las autoridades de la policía política habrían realizado muchas consultas antes de acatar una orden de excarcelación.

Sin embargo, Afiuni se la jugó. Un argumento inusual fundamenta su decisión: la exhortación que un grupo de trabajo de la ONU había formulado al Estado venezolano para que subsanara el retardo procesal en perjuicio de Cedeño. También se hizo eco del "desinterés" del Ministerio Público de agilizar el proceso contra el empresario. Quizás lo más importante sea que aseguró que no había peligro de fuga: "on una prohibición de salida del país y la consignación del pasaporte es más que suficiente para garantizar las resultas", se lee en el acta.

En el comando central de la Disip, la jueza estaba recluida con relativa comodidad. En un cubículo de la División de Investigaciones, disponía de una cama, una silla, aire acondicionado y un gran ventanal.

En la cárcel de mujeres de Los Teques, a donde fue trasladada el pasado jueves, era esperada por Las Juanas, un grupo de atracadoras que Afiuni sentenció y que estarían dispuestas a vengarse.