• Caracas (Venezuela)

Vladimir Villegas

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Vladimir Villegas

Los cachicamos colorados

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El financiamiento de la actividad política es un asunto esencial en la democracia. No se puede hablar de un sistema electoral equilibrado, democrático, justo y transparente cuando se hace uso descarado de los recursos públicos y no hay autoridad que les pare el trote a los abusadores que han encontrado el pretexto de que estamos en revolución para saltarse a la torera cualquier norma y, de paso, considerarse con derecho de señalar a los demás de corruptos, mafiosos o delincuentes.

Lo que vimos la semana pasada en la Asamblea Nacional es la mejor muestra del envilecimiento de la política, del fariseísmo más descarado por parte de quienes en nuestras narices han venido apabullando a los factores opositores con propaganda electoral que sale del erario público, con el uso de autobuses, camiones, instalaciones públicas, medios de comunicación del Estado y demás bienes de la nación con o sin campaña electoral, y ahora pretenden aparecer como los guardianes de la moral pública. El propio Carnaval por adelantado lo que vimos en nuestro disminuido parlamento. Así con minúsculas.

Los constituyentes de 1999 quisimos poner coto al uso abusivo de los recursos del Estado en el financiamiento de la actividad política. Todo el mundo sabe que en el pasado y en el presente era y es uso y costumbre meter la mano en partidas oficiales, valerse de la “ayudaíta” de contratistas del sector público y demás artimañas para cubrir los gastos de las elecciones. No olvidemos que hace poco hasta se publicó un cronograma de actividades del oficialismo en el cual quedaba claro cómo los ministerios se repartían las responsabilidades en materia de promociones de candidaturas en todo el país. Definitivamente, pienso que nos equivocamos en la Constituyente. Prohibir el financiamiento público de la actividad electoral en lugar de establecer regulaciones y leyes al respecto fue un costoso error que hoy nos trae consecuencias muy lamentables.

Por la vía de los hechos se ha privatizado la política. Sin plata, sin mecenazgo, es imposible enfrentar maquinarias electorales poderosas, sean del Gobierno o de la oposición. Y por ese tubo de la necesidad se mete la corrupción del funcionario público que desvía recursos para pagar pendones, afiches, logística de movilización o cuñas de radio, televisión y medios impresos. Pero también se mete la mano, no siempre inocente, de quienes colaboran con sus propios reales para luego pasar factura. Y se puede meter, si es que ya no está metida, hasta la mano del narcotráfico, ese diablo que cuando compra almas exige carísimas retribuciones.

Pero los que tienen la botija del Estado como caja chica electoral no pueden pretender criminalizar a los candidatos y partidos opositores que reciben ayuda de particulares. ¿Es que acaso no hay empresarios o contratistas que también se bajan de la mula con los “revolucionarios”?

Prefiero que el Estado, como en otros países, financie la actividad política, de forma transparente, controlada y ordenada, a que sigamos en el reino de la viveza, del ventajismo, de la corrupción descarada, y sobre todo de la doble moral. Estamos en el imperio de los cachicamos colorados llamando conchudos a los morrocoyes. Y sé que lo menos que anima a la mayoría que controla el Parlamento es la lucha contra la corrupción. Si así fuera darían el ejemplo favoreciendo la investigación de decenas y decenas de casos de pillerías contra los dineros del pueblo que duermen como bebecitos en la cuna de la impunidad. Aquí lo que impera es otra cosa. El deseo de amedrentar, de perseguir, de anular y de destruir a los sectores críticos. Estamos ante un libreto que por ser repetido, falto de originalidad y cínico no deja de ser un severo peligro para las libertades democráticas.