• Caracas (Venezuela)

Vladimir Villegas

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Estado de alerta en Venezuela

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Venezuela se encamina hacia horas particularmente difíciles. Parece que es muy poco lo que podemos hacer para evitar una confrontación de esas que no dejan sino dolor, frustración, rabia, odio y miedo. Desde hace tiempo lo estamos temiendo y parece que todo conduce a un escenario de medición de fuerzas, de todo o nada, donde la racionalidad escasea tanto o más que los productos esenciales en anaqueles de abastos y supermercados.

Llegar a estados de emergencia económica, de posibles restricciones de garantías sin haber ido a un intento serio de diálogo político es un fracaso rotundo. Al momento de escribir esta nota no tenemos claridad sobre el alcance de estas medidas anunciadas por el gobierno y que, me temo, pueden tener como trasfondo fundamental tratar de impedir la movilización en pro del referéndum revocatorio, y de colocarle muros de contención a la protesta, un derecho que es inherente a la democracia, siempre que se ejerza sin violencia.

Por cierto, cuando un gobierno o un sistema político trata de frenar la expresión legítima de la calle, sea mayoritario o no el descontento popular, abre caminos a aquellas corrientes que pregonan la violencia, que denigran de las vías pacíficas y democráticas. Mal puede, quien cierra caminos a la expresión pacífica de un reclamo o de una demanda de carácter político o social, alegar que sus acciones van en defensa de la democracia o de la estabilidad del país, porque definitivamente termina contribuyendo a todo lo contrario.

No creo que los problemas económicos del país se resuelvan con toma de empresas o con restricción de garantías democráticas. No es ni justo ni correcto equiparar la acción de la delincuencia, de pranes que han actuado a sus anchas con la impunidad que les ha brindado el Estado en su conjunto durante largos años, a la acción de movimientos políticos opositores. Hasta ahora no se han presentado pruebas ni débiles ni contundentes que puedan darle veracidad a este tipo de señalamientos. Por eso es peligroso que se pretenda confundir, como se dice, la gimnasia con la magnesia. Vincular el descontento popular con la acción del hampa y pretender actuar contra esos dos fenómenos como si se tratara de lo mismo no es propio de un gobierno que se llame democrático. Ojo con eso.

En momentos como el que vivimos lo que le corresponde a quienes, como este servidor, somos firmantes, y más que eso, dolientes de la Constitución, es alertar sobre estos peligros, demandar, clamar, exigir que se respete al máximo el único documento que es capaz de unificar hoy a las grandes mayorías nacionales y servirnos de brújula para salir adelante de esta crisis sin precedentes en nuestra sufrida Venezuela.

En la declaratoria de este estado de emergencia económica no puede, o mejor dicho, no debería haber lugar para las interpretaciones caprichosas o interesadas de lo que establece la carta magna en los artículos 337, 338 y 339. Estamos en una hora muy delicada, en la cual tensar la cuerda más allá de lo prudente nos puede llevar al despeñadero que muchos vemos venir. Por eso el alerta, por eso el reclamo de racionalidad, el reiterado llamado a construir espacios de diálogo y, como lo ha planteado la Iglesia, de negociación política. Lo contrario a esta última opción es lo que estamos viendo venir aceleradamente.

Si hay un momento en el cual las instituciones del país deben jugar su papel, sin interferencias de ninguna índole, es en la actual coyuntura. Jugar por el librito que nos dimos los venezolanos en 1999 y abrir los cauces para que al final la mayoría siempre diga la última palabra, desde el respeto, por supuesto, a los derechos del resto de la sociedad.