• Caracas (Venezuela)

Vladimir Villegas

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Vladimir Villegas

Preguntas escritas con sangre

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¿Dentro de cuántos muertos estará resuelta en Venezuela la terrible crisis penitenciaria? ¿Cuánta sangre tiene que correr para que las cárceles de nuestro país dejen de ser las sucursales del peor de los infiernos? Estas dos preguntas no tienen respuesta, y no hay quien explique por qué lo que ocurre en las prisiones es culpa o responsabilidad de quien informa, de quien critica la manera de atacar este problema y no de las autoridades supuestamente competentes.

Tampoco hay respuesta para otras interrogantes, como, por ejemplo, si algunas o la totalidad de esas muertes, al menos en el caso de Uribana, fueron producto de riñas entre internos armados o resultado de la incursión de la Guardia Nacional. ¿Hizo el despacho a cargo de Iris Varela lo indicado para ejecutar este tipo de operaciones o, por el contrario, se trató de una acción que se llevó a cabo sin tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas?

¿Habrá una investigación verdaderamente independiente para determinar plenamente las responsabilidades por lo ocurrido? ¿Se creará una comisión realmente plural para llegar –ahora sí– a la verdad? ¿Tendrán los diputados opositores libre acceso a conversar con los presos, como nosotros podíamos hacerlo en nuestros tiempos de parlamentario, y a recabar toda la información necesaria que permita esclarecer los hechos? ¿Tendrá el guáramo suficiente la Defensoría del Pueblo para decir y hacer algo que ayude a evitar la matazón en las cárceles venezolanas?  ¿Serán interpelados la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, el director del penal de Uribana, Nelson Bracca, y los funcionarios de la Guardia Nacional que participaron y dirigieron la toma de esa cárcel?

¿Qué estarán pensando algunos dirigentes del chavismo, quienes en el pasado reciente fueron parlamentarios de oposición en el viejo Congreso “cuartorrepublicano” y denunciaron situaciones mucho menos graves que esta ocurrida en el estado Lara? ¿Será que es mejor guardar silencio antes de ser acusado de conspirador o de instrumento de la guerra mediática contra la revolución? ¿Cuántos funcionarios civiles y militares están detenidos por tráfico de armas, municiones y drogas en las cárceles?

¿Por qué el Gobierno se resiste a cumplir el mandato constitucional que obliga a la descentralización de las cárceles? ¿Por qué en lugar de aceptar la cooperación de gobernaciones y alcaldías no chavistas se empeña en hacerlas aparecer como corresponsables del caos penitenciario? ¿Quién en el Gobierno está evaluando los planes y las acciones del Ministerio de Servicios Penitenciarios? ¿Con cuáles instituciones especializadas están consultando estas acciones en las cárceles que hasta ahora han dejado un lamentable saldo de muertos y heridos?

¿Por qué atribuirles a los medios la responsabilidad por la violencia carcelaria? ¿Quién tiene más chance de meter armas, granadas, municiones y otros “juguetes” en una prisión? ¿Un camarógrafo de Globovisión o un funcionario civil o militar?

Estas son apenas algunas de las numerosas interrogantes que surgen cuando desde el Gobierno se resisten a aceptar que les quedó grande la crisis penitenciaria, que no están capacitados para resolverla, que no es posible una solución integral del problema sin la participación de otros sectores excluidos, como gobernaciones, alcaldías, organizaciones de derechos humanos, las diversas iglesias, los empresarios y las universidades.

La solución al problema penitenciario no es pasar de la mayor permisividad imaginable con las bandas de presos que controlan los penales a una política de desalojos y desarme al precio que sea, porque por ese camino terminará siendo peor el remedio que la enfermedad. Yo, en el lugar de la ministra Varela, ya estaría redactando la carta de renuncia.