• Caracas (Venezuela)

Vladimir Villegas

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Nueva ministra ¿nuevo Cicpc?

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La designación de la nueva ministra de Interior, Justicia y Paz, la almirante en jefe Carmen Meléndez,  hace propicia la ocasión para que de una buena vez se le meta el diente a lo que ocurre en los cuerpos de seguridad del Estado, y particularmente en el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y  Criminalísticas. 

Es necesario que un cuerpo policial de esa naturaleza  supere de una buena vez las taras del pasado, profundizadas en el presente, en cuanto a procedimientos policiales reñidos con la Constitución y las leyes de la República, y sea sometido no sólo a una reestructuración de orden burocrático, que se limite al cambio de nombres sin entrar en el fondo del problema. Depurarlo de malos funcionarios y de malos procedimientos, acabar con lo que incluso parlamentarios del propio partido de gobierno han asomado como prácticas absolutamente repudiables, por ejemplo, protección a delincuentes solicitados por la justicia.

Tenemos que vernos en nuestro propio espejo pero también en el de otros países de América Latina y del mundo donde cuerpos policiales actúan a sus anchas e incluso terminan por generarle miedo a quienes tienen la responsabilidad de controlarlos. Si todos estos años se ha venido hablando  y promoviendo la contraloría social, una actividad absolutamente necesaria para la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, no veo razones para que en el ámbito policial esto no se ponga en práctica.

La lucha contra la delincuencia tiene que llevarse a cabo al amparo de la ley, sin saltarse a la torera principios esenciales como el respeto a los derechos humanos, a la integridad física de los detenidos, y sobre todo, el respeto a la vida. No hay ni puede haber justificaciones de ninguna naturaleza para las ejecuciones extrajudiciales. No existe pena de muerte en Venezuela ni ninguna autoridad está revestida del poder para aplicarla. Y las instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo tienen en sus manos la responsabilidad de que las investigaciones en torno a las denuncias sobre actuaciones policiales al margen de la ley y atentatorias contra el derecho a la vida culminen con resultados concretos y creíbles.

Aunque todavía es prematuro sacar conclusiones definitivas con respecto a lo que realmente ocurrió en el procedimiento policial que le costó la vida  a integrantes de colectivos identificados con el chavismo, hay antecedentes de denuncias sobre ejecuciones extra judiciales por parte de funcionarios  que hacen apuntar hacia esa hipótesis. Y ello tiene que ser investigado, sin miramientos. Como también tienen que ser investigados los grupos que, en nombre de cualquier causa detentan armamentos que sólo deben estar en manos de las instituciones policiales y militares, porque de lo contrario no es de descartar que en el futuro sigan ocurriendo casos como el que ocurrió en Quinta Crespo. En una democracia no puede haber cabida ni para el abuso policial ni para grupos armados al margen de la ley, sea cual sea su naturaleza.

No se trata, como muchos piensan, de amarrarle los brazos a los cuerpos policiales. Hay suficientes instrumentos dentro de la ley para que puedan actuar con firmeza frente a una delincuencia cada vez más agresiva y menos tolerante con los ciudadanos inermes. Hacerse los locos con acciones policiales que se parezcan en forma y contenido a la propia actuación de la delincuencia se termina convirtiendo, a la larga, o mejor dicho, a la corta, en cuchillo para la propia garganta de la sociedad.

Lo que tiene que combatirse con decisión es la impunidad, que la delincuencia comience a temerle a la posibilidad de que los delitos sean castigados conforme a la ley, porque de lo contrario seguirán engordando las estadísticas de víctimas del malandraje. Da grima pensar cuántos delincuentes solicitados por robos y asesinatos siguen actuando a sus anchas. Y por supuesto, también tienen que ponerse fin a la asociación entre algunos policías y la delincuencia. Depurar los cuerpos de seguridad, para que puedan ser más efectivos en el cumplimiento de  sus tareas,  sigue siendo una urgencia nacional, al igual que el desarme.