• Caracas (Venezuela)

Vladimir Villegas

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Correo del Caroní: periodismo en veremos

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En un país afectado sensiblemente por la corrupción en sus más diversas variables y presentaciones, constituye una afrenta para la ciudadanía en general y para el libre ejercicio del periodismo en particular la sentencia judicial que se le impuso al empresario David Natera, director y propietario del Correo del Caroní, como consecuencia de las denuncias que ese medio de comunicación publicó sobre negociados y guisos en Ferrominera Orinoco y que llevaron a la detención de un empresario de Guayana involucrado en esos hechos y de varios ex directivos de esa empresa, por peculado doloso y otros delitos .

A partir de esas denuncias la sociedad guayanesa en particular y la venezolana en general pudieron enterarse de un hecho lesivo al patrimonio público y a la sana administración de empresas del Estado.

Ello derivó en la apertura de un proceso judicial contra los implicados. La contundencia de los hechos denunciados, sustentada en pruebas documentales, no dejó más alternativas que tomar medidas judiciales como las que ya comentamos.

Más allá de las interioridades del caso, preocupa que la sentencia dictada contra el empresario David Natera tiene severas y muy graves implicaciones para el ejercicio del periodismo. Se pone en entredicho el contenido del artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”.

Ningún juez puede aplicar la Constitución como si se tratara de una goma elástica, que se estira o encoge a conveniencia. Por ello, sin duda alguna, impedir, como se pretende, que se publique una denuncia de corrupción contra cualquier funcionario, hasta que no exista una sentencia de un tribunal, además de reforzar a quienes meten la mano en el erario público, legaliza la censura y atenta gravemente contra el derecho de los ciudadanos de estar informados de manera oportuna.

Una cosa es difamar, es decir, atribuir a alguien una conducta delictiva o impropia, sin presentar pruebas, y otra muy distinta acompañar la denuncia de elementos que la sustenten, como fue el caso que hoy nos ocupa. Aquí entra en acción eso que los abogados llaman la excepción de la verdad. Agreguemos a esto que fue un caso en torno al cual hasta el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció en términos condenatorios muy claros.

Es insólito que en un país donde la corrupción ha penetrado hasta los niveles más insospechados un tribunal se encargue de criminalizar la denuncia y colocar alcabalas para impedir que la sociedad se entere de hechos reñidos con la sana administración de los recursos públicos. Es una señal muy negativa que añade un elemento más para el deterioro de la confianza de los venezolanos en la administración de justicia. Si no se puede informar sobre un caso de corrupción hasta que exista una sentencia definitiva, la impunidad se saldrá con las suyas. Los corruptos estarán más tranquilos y aumentará significativamente la decepción y la rabia de quienes reclaman castigo para los responsables de tantos actos que atentan contra la pulcra administración del patrimonio nacional.

Ojalá quienes tienen el poder y aseguran luchar a fondo para atacar y sancionar la corrupción donde quiera que se encuentre aceptaran que los medios de comunicación son los principales aliados en esa lucha, pues es a través de ellos que se pone en alerta a la sociedad y a las propias autoridades sobre malos y turbios manejos de los recursos públicos. Sentencias como las que hemos comentado le dan combustible a quienes denuncian que vivimos en uno de los países más corrompidos del mundo.

 

Héctor Landaeta

La semana pasada falleció este querido colega periodista.

Héctor Landaeta fue un excelente reportero que durante largas décadas dio lo mejor de sí en distintos medios impresos. La muerte lo sorprende siendo director de El Informador de Barquisimeto. Lamentamos profundamente su desaparición. Paz a sus restos y consuelo a su familia.