• Caracas (Venezuela)

Vladimir Kislinger

Al instante

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El gobierno venezolano lo logró. Después de casi dieciséis años de insistencia supo ganarse el tan merecido puesto de “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Supo también construir sus “mártires” revolucionarios a punta de apoyos que por incondicionales suscribieron las violaciones de los  derechos humanos a cientos de venezolanos que vivieron y viven en carne propialas reiteradas barbaridades del llamado “socialismo del siglo XXI”, las cuales han sido denunciadas insistentemente, tanto nacional como internacionalmente.

Los representantes del gobierno central han sabido sacar provecho de las sanciones y declaraciones de Washington, generando toda una campaña de comunicación que incorpora a todos los medios que tienen a la mano, haciendo ver que las acciones en contra de los funcionarios venezolanos incursos en delitos de blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico o violación a los derechos humanos, son ataques al país, afectando supuestamente a la gente común. Lo que no dicen es que las sanciones contemplan la congelación de cuentas mil millonarias en bancos norteamericanos de las cuales ninguno tiene cómo explicar su procedencia.

No dicen tampoco que la mayoría de los nombres dados a conocer salieron a la luz pública por declaraciones de ex funcionarios gubernamentales que viendo el panorama que se avecinaba, como rata en barco que se hunde, se han fugado del país para asegurar su tajada, a través de la ya famosa figura de “testigo protegido”, un recurso que no es nuevo, ni exclusivo. No dicen tampoco que el término “amenaza” está íntimamente relacionado, en este caso, a la realidad de un país que se ha convertido en uno de los principales corredores de droga, aunque el Estado lo niegue insistentemente.

Todo este torbellino generado por las sanciones y declaraciones en contra de funcionarios del gobierno nacional, ha dado pie a la posibilidad, nuevamente violando las leyes venezolanas,  de detener ciudadanos y políticos de oposición bajo la excusa de golpes desgastados, sin antejuicios de mérito, sin presunción de inocencia, ni el debido proceso. El guion se repite, año tras año.

También aprovecharon para iniciar – ilegalmente – la precampaña política camino a unas elecciones parlamentarias que desde ya se ven ancladas nuevamente en la figura del fallecido presidente Hugo Chávez, en vista del descenso de la popularidad de Maduro, producto de la profunda crisis económica y social que se vive en nuestros días, de justificar los fracasos, tratando de persuadir a la opinión pública, bajo la afirmación que la mayoría de los problemas son inducidos por el imperio más no son el resultado de políticas que claramente mostraron su fracaso. 

Los escándalos son tan frecuentes que ya por comunes se pasan sin mayores consecuencias. La población venezolana, mientras tanto, se mantiene ocupada tratando de cubrir sus necesidades básicas, quedando sin tiempo ni aliento para atender a lo que desde afuera se está viendo con cada vez más preocupación: un estado autoritario que a través de la dominación de las masas se ha convertido a las patadas en el epicentro del quehacer nacional, llevándose por el medio la poca institucionalidad que queda en nuestros 916.445 kilómetros cuadrados.

Ya podemos imaginar lo que está por venir en los próximos días: una sostenida campaña mediática centrada en una amenaza externa, blackout informativo en torno a los sancionados y sus cuentas mil millonarias, la negación total de lo que pueda “desestabilizar” al gobierno y nuevos testigos protegidos que por el miedo traicionarán a las mafias que gobiernan hoy el país. Mientras tanto esperamos que entre las colas y las aspiraciones electorales de la oposición, no nos desviemos del tema central, la excusa perfecta para seguir en dictadura.