• Caracas (Venezuela)

Vladimir Kislinger

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Guatemala nos muestra sus pantalones largos

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Lo que está ocurriendo en Guatemala es ejemplarizante, sobre todo para los países con linaje en el mundo de la corrupción. Su presidente, Otto Pérez Molina, está siendo investigado a fondo por el caso “La Línea” nombre adoptado para el modus operandi que tenía su seno en el propio Ejecutivo nacional.

Se habla de millones de dólares en comisión que fueron a parar a las arcas del gabinete de Pérez Molina, incluyéndole, en un caso de corrupción aduanera sin precedentes en este país. Pero más allá del tema concreto de la defraudación, lo que me llama la atención luego de tantas muestras de poca o nula separación de poderes en nuestra América, con Venezuela, México y Argentina a la cabeza, es ver cómo los órganos del Estado guatemalteco, las organizaciones no gubernamentales, investigadores y docentes universitarios, y hasta la Iglesia Católica suenan a una sola voz: piden la renuncia del primer mandatario para facilitar la investigación.

Pérez Molina ha dicho que no va a renunciar y que no tiene nada que ver con este tema, al mejor estilo de Blatter en la FIFA: “La FIFA no es corrupta, no hay corrupción en el fútbol, es con la gente, la gente es corrupta. No se trata de la institución...” afirmando previamente.

Pero el presidente no tuvo en cuenta que entre los que piden la renuncia se encuentra nada más y nada menos que la propia Contraloría General de Guatemala, que además instó al mandatario a que “presente de manera inmediata su renuncia al cargo para evitar mayores incidentes con consecuencias insospechables”, secundando a la Procuraduría General de la Nación, que solicitaba lo propio “para evitar la ingobernabilidad del país centroamericano”, según informa el diario La Nación.

Si queremos seguir con las muestras de independencia de poderes, que es el motivo de mi artículo, podemos ir más allá y analizar las acciones realizadas por el Ministerio Público, órgano que junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitó el pasado viernes 21 de agosto de 2015 el antejuicio de mérito contra Otto Pérez Molina, pese a que el primer mandatario niega su vinculación con la banda de crimen organizado y ser el jefe de la red de defraudación aduanera.

Por su parte, la Prensa Libre de Guatemala, en un artículo publicado el 30 de agosto de 2015, destacó que el arzobispo metropolitano Óscar Julio Vián Morales se sumó a las voces que piden la renuncia del presidente, manifestando que “este gobierno al igual que otros, dijo que amaban a Guatemala pero en realidad robaron a los pobres”.

Al tiempo que la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ya se encuentra detenida por este caso que quedará como referencia para nuestra historia latinoamericana, con crecientes protestas a lo largo y ancho del país, con más de 30 implicados en el millonario escándalo y con la renuncia progresiva de varios ministros ante las presiones colectivas, el desenlace es predecible y el resultado será el reforzamiento de la institucionalidad del país, pese al daño patrimonial.

El dinero de recupera, de eso estoy seguro. Pero lo que tiene más valor, a partir de este episodio claro-oscuro de Guatemala son las medidas ejemplarizantes que están enviando al resto de los mandatarios latinoamericanos y su séquito. Los gobernantes no pueden ser intocables, todo lo contrario. Son los funcionarios públicos con mayor responsabilidad y entrega. Las instituciones que rigen el normal desenvolvimiento de nuestros países, fiscalía, contraloría, defensoría, entre otras, también tienen que regirse por las leyes y normas, haciéndolas cumplir, sin temor a quien controla el uso legal de la fuerza letal, bajo el supuesto del apoyo popular.

Guatemala nos está dando una cátedra de independencia de poderes y control del Estado sobre los funcionarios. Queda de nuestra parte aprender de esta experiencia o seguir cometiendo los errores que nos están costando nuestra vida y la de nuestras repúblicas.

 

@leadpoz