• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Víctor Rodríguez Cedeño

La tortura y los tratos inhumanos y degradantes

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En Brasil la presidenta reelecta anuncia cambios importantes ante la necesidad de superar la politización y el enfrentamiento entre dos mitades del país, para lograr los consensos necesarios y avanzar en los planes de desarrollo y crecimiento. De la manera más insólita, el régimen de Maduro, acorralado por su ineficiencia y una corrupción sin precedentes, que le ubica en zonas de impopularidad peligrosas inferiores a 35%, que pueden significar una desestabilización política y una confrontación no deseada, insiste en perseguir y castigar a quienes rechazan el disparatado proyecto político, contradictorio  y desubicado, que se pretende imponer a los venezolanos y que no es más que la simple expresión de un oscuro  militarismo.

Las declaraciones de Maduro y sus ministros, del teniente Cabello, de la fiscal y de los diputados que al unísono siguen el guion establecido y ordenado desde La Habana, confirman la postura de un régimen que desprecia los acercamientos para pacificar el país y solucionar los enormes problemas que afectan a los venezolanos, principalmente, a los más necesitados que en algún momento fueron la “razón de ser” de la mal llamada revolución bolivariana.

El régimen viola sistemáticamente los derechos económicos y sociales de los ciudadanos al imponer medidas y controles absurdos e ilegales que impiden su pleno disfrute, mecanismo perverso bien estructurado para empobrecer y dominar. También viola descaradamente los derechos civiles y políticos, al establecer como política de Estado la persecución o apartheid político, la confiscación de los espacios mediáticos, el aniquilamiento progresivo de la libertad de expresión y del derecho a la información. También desconoce el legítimo derecho de la inmensa mayoría de los venezolanos a su autodeterminación como pueblo; el derecho a vivir en paz y en democracia, esgrimidos con frecuencia afuera en su falso discurso.

En días pasados, ante el reiterado silencio cómplice de la fiscal, de la defensora del pueblo y de las autoridades de una de las cárceles políticas del país,  se conocieron los actos de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes infligidos por sus verdugos en Ramo Verde a Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse, detenidos arbitrariamente por protestar, por expresarse, por disentir y condenar la barbarie.

No sólo estamos ante actos que constituyen el crimen de tortura, sancionado por las Convenciones y demás instrumentos internacionales adoptados por la comunidad internacional, sino ante un crimen más grave aún, sancionado  por el Derecho Internacional Penal: el crimen de lesa humanidad, crimen que choca con la consciencia humana que abre el ejercicio de la jurisdicción penal universal por tribunales nacionales de algunos Estados y la competencia de la Corte Penal Internacional.

Los actos de tortura física y mental en contra de estos presos políticos no son hechos aislados, tampoco individualizados,  menos esporádicos, atribuibles a funcionarios de segundo rango, simples ejecutores de las órdenes superiores. Estamos ante actos por los que se infligen a una persona dolores o sufrimientos graves para castigar a la disidencia, en ejercicio claro de una política represiva estructurada y sistemática. Actos crueles que responden a dos criterios que determinan el crimen de lesa humanidad por los que algunos tendrán que rendir cuenta a la justicia en su oportunidad: la generalidad y la sistematicidad.

Con esto se abulta el expediente abierto a todos aquellos que han cometido o participado de cualquier manera en la realización de estos odiosos crímenes y se abre el camino a la justicia que persigue la erradicación definitiva de la impunidad por tales conductas y a la prevención para que ellos no se cometan más en el futuro, en ninguna parte.