• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

Al instante

El legítimo derecho a la autodeterminación

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En las últimas décadas se han producido cambios importantes en la sociedad internacional. Los Estados ya no son los únicos sujetos jurídicos, ahora hablamos de organizaciones internacionales, del individuo, de la comunidad internacional, entidades que tienen hoy incuestionable subjetividad jurídica, es decir, capacidad de actuar con sujeción al Derecho Internacional en las relaciones internacionales, un sistema también en constante evolución, basado hoy más en la solidaridad para enfrentar los retos comunes que en la cooperación.

También el Derecho Internacional, que se adapta a esas nuevas realidades, se transforma con el surgimiento de nuevas normas jurídicas de rango superior, las imperativas o del jus cogens,  inderogables, entre ellas, las relativas a los derechos humanos; y la evolución de ciertos principios fundamentales, entre los cuales, el de la soberanía que deja de ser absoluta, lo que permite que ciertas materias, antes exclusivas de los Estados, pasen a ser del interés de la comunidad internacional que ahora puede, en el ejercicio de una suerte de actio popularis, velar legítimamente por su respeto.

Uno de esos  principios básicos del Derecho Internacional, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, en el pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y numerosas Declaraciones y resoluciones de la Asamblea General de la ONU, es el relativo a la autodeterminación de los pueblos que abarca no sólo lo relativo a su independencia como Estado, en sus relaciones externas; sino, la autodeterminación interna en cuanto a la forma de gobierno y el sistema económico y social que los pueblos decidan.

El principio, de origen remoto, ya esbozados en los proceso de creación de la Confederación Helvética (Suiza) y de Estados Unidos, se consolidó en la década de los sesenta cuando se aprobó la declaración sobre la independencia  de los países y pueblos coloniales que abrió el camino a una reestructuración cuantitativa importante de la sociedad internacional. Hoy constituye además el pilar en el cual se basan las sociedades nacionales para decidir libremente su futuro como nación.

Algunos regímenes como el venezolano recurren a su aplicación para justificar la rigidez del principio de la soberanía y de esa manera impedir escrutinios externos en materias que relevan de la competencia de la comunidad internacional, como la relativa a los derechos humanos, violados sistemáticamente por ellos, con el fin exclusivo de imponer un sistema que no es precisamente el reflejo de una decisión nacional de la mayoría.

Los pueblos deben decidir su destino. Las mayorías tienen el derecho de escoger su modelo político y el sistema económico y social que más les convenga, siempre, desde luego, en respeto pleno de las normas internacionales, siempre preeminentes.

Los seudo revolucionarios del siglo XXI exigen con afán el respeto del principio de la “autodeterminación de los pueblos” en sus relaciones externas para confrontar al “imperio” y las voces democráticas del mundo. Pero lo ignoran groseramente en su vertiente interna cuando desconocen la voluntad de las mayorías.

En Venezuela la inmensa mayoría -y en ello las encuestas son muy claras- exige respeto de las reglas democráticas y la posibilidad de manifestarse libremente en elecciones transparentes, necesariamente en manos de árbitros internos confiables y debidamente observadas por la comunidad internacional; la instauración de un modelo no excluyente,  no discriminatorio, basado en las libertades y en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales aceptados por todos como normas fundamentales para la convivencia y la existencia misma de la humanidad.

Estamos paradójicamente ante una “minoría aplastante” que trata de imponerse por la fuerza, una minoría a la que por su evidente debilidad electoral le aterra medirse de manera transparente, en comicios libres y honestos, para lo que manipula con descaro los procedimientos, las técnicas y las reglas electorales, muestra de ello la alteración de los circuitos electorales, el amedrentamiento y la coacción sobre el electorado, todo lo que representa un ventajismo puro y simple, y otras triquiñuelas que le permitan lograr una especie de “mayoría minoritaria” en las próximas elecciones parlamentarias, si llegaran a celebrarse, despreciando con la desfachatez propia el deseo de la mayoría de  los venezolanos que exigen un cambio de rumbo en todos los sentidos.

Las autoridades coloniales fueron combatidas por los movimientos de liberación nacional a los que incluso se les reconoció un estatuto jurídico internacional, muestra de su legitimidad. A los gobiernos despóticos, equivalentes a esas odiosas autoridades coloniales que oprimieron por años en nombre de valores personales, no se les combate con esos movimientos revolucionarios armados, sino con las normas y los principios en la mano, con la protesta siempre legitima de los ciudadanos, aunque algunos encuestadores más bien lobistas de unos y otros en el exterior c “venden” un país que no es precisamente el de todos, afirmen que la protesta es expresión pura de violencia.

Estos movimientos civiles y pacíficos, no armados, como los que enfrentaron el reto de la colonización y los abusos requieren hoy como entonces, del apoyo de la comunidad internacional representada no sólo por los gobiernos, los Parlamentos y las instituciones nacionales, sino por órganos internacionales, por los políticos y autoridades del mundo que definen la democracia y la libertad como la única forma de vida en sociedad en la que el individuo puede disfrutar de todos sus derechos.

Los venezolanos debemos ejercer por todos los medios legales el derecho a nuestra autodeterminación como pueblo  y  a escoger el sistema de gobierno que más nos convenga: ese es el gran reto.