• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Víctor Rodríguez Cedeño

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La decisión de Washington de adoptar “sanciones” individuales contra un grupo de funcionarios venezolanos que habrían cometido violaciones de derechos humanos y más allá, dada la gravedad, la sistematicidad y la generalidad del caso, crímenes internacionales; y que estarían, además, incursos en actos de corrupción relacionados con materias de intereses de la comunidad internacional, es decir, con el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero producto de negocios turbios, incluido el narcotráfico, ha generado un debate muy importante no solo en el país, en donde la dictadura mediática trata de mostrar al régimen como “víctima” de una eventual “invasión” de Estados Unidos, sino en el plano internacional.

El debate ha sido extraño, por decir lo menos, tanto dentro como fuera del país. No dejan de sorprender las expresiones de dirigentes opositores y de distintas personalidades nacionales, quienes curiosa y lamentablemente coinciden con el guion cubano, al referirse a la inconveniencia de las “sanciones”. Mayor sorpresa causa aun la posición expresada en declaraciones y silencios elocuentes de los gobiernos de la región que insisten en ignorar la realidad venezolana y despreciar nuestra lucha por la democracia y por el respeto de los derechos humanos. Todos saben perfectamente que la orden ejecutiva de Obama lejos de “legalizar” la “invasión”  al país, para “controlar” nuestro petróleo que Estados Unidos recibe desde hace tiempo en base a una aceptada relación comercial que permite los únicos ingresos incondicionados al país, lo que busca es defender la democracia y la sociedad venezolana, víctima de los atropellos de un régimen que en ejercicio de una farsa insuperable actúa ilegítima y perversamente en nombre del pueblo para violentar descaradamente los derechos del individuo.

Las declaraciones de unos y otros son patéticas. Por supuesto, destacan las de Unasur y su cuestionado secretario general, el colombiano Samper; las del canciller ecuatoriano, que plantean dolosamente un diálogo imposible, desviando la atención sobre lo que realmente es el objeto de la crisis: el golpe permanente a la democracia y la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos para imponer un régimen totalitario común en la región. No menos deplorables las declaraciones del canciller chileno, quien afirmó muy cómodamente que no era “alentadora la sanción de Estados Unidos contra Venezuela” malinterpretando por ignorancia o conveniencia el sentido que sabemos tienen tales “medidas unilaterales”.

¿Hay confusión o simplemente complicidad en el tratamiento de este asunto? El problema no es la relación entre los dos países, afectada por los constantes ataques del régimen bolivariano y las desproporcionadas medidas del régimen de Maduro que expulsa, como “sanción” a Washington, más de 80 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. De lo que realmente se trata es de la lucha por la libertad y la dignidad, del cese de los atropellos y de la recuperación de nuestra integridad y soberanía hoy en manos de los cubanos gracias a la sumisión del régimen a La Habana que definitivamente dirige nuestro destino como nación, lo que constituye una amenaza no para Estados Unidos, sino para toda la región, cuya futuro sin duda está relacionado con la estabilidad en el país.

Las “medidas unilaterales” que no son tales y menos de alcance extraterritorial, como lo afirman los entreguistas revolucionarios, no deben interpretarse como “injerencia” en nuestros asuntos internos, menos como una declaración de guerra de parte de Estados Unidos. Tales “medidas”  constituyen un acto soberano de un Estado independiente dirigido a un grupo de funcionarios que habrían cometido ilícitos que afectan, más allá de los intereses de Estados Unidos, los intereses de la comunidad internacional, pues la tortura, la violencia de Estado, la participación en actividades relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico son del interés de la comunidad internacional en su conjunto.

Defender la democracia y sus valores, los derechos humanos, la vida de un pueblo que hoy mayoritariamente exige libertad y respeto no puede constituir de ninguna manera un acto de injerencia. Muy distintamente, la comunidad internacional, los Estados, las instituciones internacionales, la sociedad civil representadas en las ONG tienen no solamente el derecho sino la obligación de “intervenir” en cualquier parte del mundo en donde se violen los derechos humanos, en donde un grupo imponga una dictadura en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, practique la tortura, ajusticie sin procesos a opositores, desaparezca personas como en las épocas de las dictaduras de la región en cuya lucha, por cierto, los venezolanos nos “inmiscuimos” para liberarlos de las botas militares y hacer que sus pueblos y sus sistemas políticos sean hoy lo que, para bien o para mal, son.

No sé si son conscientes de lo que realmente sucede en el país o si prefieren unirse a la comparsa con un silencio estremecedor. En todo caso, las consecuencias son nefastas para el país y para la región.