• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Víctor Rodríguez Cedeño

Un golpe a los pueblos de la región

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En perfecta complicidad con el régimen opresor venezolano, los gobiernos de la región, al adoptar la Declaración del 8 de marzo de 2014, destruyen los postulados de la Carta de la OEA y los instrumentos relativos a los derechos humanos y la democracia, como la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y la Carta Democrática Interamericana, también la Convención sobre Derechos Humanos de 1969 y un sinnúmero de resoluciones adoptadas sobre la materia.

Los mandatarios de turno en la región ignoran el desarrollo del Derecho Internacional, la evolución de las relaciones internacionales y de la sociedad internacional, que coloca materias de interés colectivo, como el respeto y la promoción de los derechos humanos, por encima de los ordenamientos jurídicos de los Estados, así como la nueva concepción en virtud de ello, del principio de “soberanía” que cede necesariamente ante materias que se colocan en el ámbito del interés de la humanidad. Un retroceso lamentable para una región que ha estado siempre a lavanguardia en la formación y en el desarrollo del Derecho Internacional.

Los gobiernos de turno de la región ignoraron el mandato que se les dio en 1948 cuando se aprobó la Carta de la OEA, su instrumento constitutivo, de actuar en nombre de los pueblos de la región. La “solidaridad” a la que se refiere la Declaración considera solamente al gobierno venezolano, mientras desprecia el sentimiento del pueblo venezolano. Se habla de “solidaridad”, pero no es precisamente a la que se refieren quienes elaboraron la Carta, cuando aseguraron que “… el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. Dice además la Carta que la “solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.

Los gobiernos de turno introducen desequilibrios graves que minan la credibilidad del texto, al rechazar la injerencia en los asuntos internos de los Estados y apoyar abiertamente “al gobierno democráticamente electo de Venezuela” en el proceso de diálogo y paz que se sabe está invadido de malas intenciones; y cuando condena “toda forma de violencia e intolerancia” en el país, desconociendo también deliberadamente que la verdadera violencia, su promoción y ejecución corresponde exclusivamente al régimen, lo que se infiere de las declaraciones incriminatorias del mismo Nicolás Maduro y de sus allegados. Incurren, además, en expresiones sin fundamento para justificar el texto, al hacer “un llamado a todos los sectores” para que respeten los derechos humanos, ignorando deliberadamente que solo el Estado y sus representantes pueden ser responsables por los actos que suponen tal violación. También se omite el origen de la crisis en el país al no hacer referencia a las “protestas pacíficas” y a la “represión” y las formas aceptadas por altos funcionarios, la ministra de la Defensa, cuando justifica los excesos policiales, y la defensora del pueblo, que interpreta la tortura y le asigna valores diferentes.

Resulta curioso y lamentable que al tratar el tema de la democracia se dejasen de lado referencias fundamentales, intrínsecas al concepto. No expresan en efecto los representantes de los gobiernos de turno que “la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”; y, que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho…”. Menos aun que uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia es “el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” todo ello ausente en un examen serio e imparcial de la realidad venezolana.

En la Carta de la OEA se habla de “democracia representativa” como condición para la estabilidad, la paz y el desarrollo regional; sin embargo, el texto se aleja de ese mandato, pues una verdadera promoción habría debido contener referencias más claras y contundentes acerca del concepto que exige del gobierno de que se trate no solamente su origen, sino el ejercicio democrático, que el régimen de Maduro ha abandonado al violar flagrantemente la Constitución Nacional y el respeto de los derechos humanos, antes de febrero de 2014; y después, por la represión brutal sistemática, clara e inequívoca que ha desatado en contra de las manifestaciones pacíficas. La democracia es, sin duda alguna, como se precisa en la Carta Democrática, “…indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos…” y eso parece producir cierta alergia a quienes hoy habitan en las casas de gobierno de la región.

Es lamentable también que esos mandatarios no hayan considerado el enfoque preventivo, necesario a la solución de las crisis internas e internacionales. Temerosos o cuidadosos los gobiernos de la región hacen un llamado sesgado e incoherente a la “paz en el país” a la vez que expresan una extraña solidaridad, pero no plantean ningún control para verificar su cumplimiento, lo que contradice la esencia misma de una resolución o declaración mediante la cual se planea “un programa de acción” para resolver la crisis que se niegan a reconocer.

Sin duda, quienes gobiernan hoy la región interpretan de manera interesada y perversa los principios y normas que fundamentan el funcionamiento del sistema regional, sea por intereses menores, políticos o económicos; o en la búsqueda del establecimiento en la región de un sistema político, económico y social contrario a la esencia misma de los derechos humanos y que, además, es evidente que la mayoría de los pueblos de la región rechaza.

Se ha establecido un precedente peligroso, poco favorable al desarrollo integral de la región. Los gobiernos de turno, simplemente, dieron un golpe de Estado a los pueblos de  la región y a la organización, desprotegidos lamentablemente por la Carta Democrática Interamericana, lo que no debería dejar de preocupar a los pueblos de los otros países que en algún momento puedan enfrentar situaciones de violencia de Estado como la que atraviesa hoy Venezuela.