• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

Al instante

Sobre la expulsión y la no devolución

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Los gobiernos deformados en democracia, representativos, según sus propias expresiones, de un socialismo particular, una suerte de comunismo del siglo XXI; y rechazados por las mayorías nacionales, violan reiteradamente el orden jurídico interno y las normas internacionales, es decir, actúan al margen de la ley, más cuando se trata del respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que se les atribuye con frecuencia y con razón el calificativo de “forajido”.

Son muchas las actuaciones contrarias al derecho llevadas por algunos gobiernos, a veces bajo la presión de los más “fuertes”, esos que pretenden imponer el ritmo. Una referencia lamentable que ha hecho historia es la “devolución” de algunos oficiales de la Policía Metropolitana que habían solicitado asilo en la Embajada de El Salvador en Caracas. Más tarde, Brasil, país que pretende erigirse en el “gendarme” de la región, aniquila la institución del asilo al introducir insólitamente desde el exterior al destituido presidente Zelaya en su Embajada en Tegucigalpa violando, al mismo tiempo, otros principios fundamentales de derecho internacional, como la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Precedentes graves que, lamentablemente, han marcado pauta en las políticas de esos gobiernos que interpretan a su manera y confunden deliberadamente, para lograr sus objetivos y contrariando la lógica y la razón, la expulsión y la no devolución, el asilo y el refugio, la extradición y la entrega, entre otros relacionados con la protección de la persona.

Hace unos días el gobierno colombiano burla de nuevo el orden jurídico al “expulsar” o “devolver” a jóvenes estudiantes venezolanos que se encontraban en su territorio, perseguidos por el régimen venezolano por razones políticas, concretamente, por haber participado en las protestas que le movieron el piso al régimen de Maduro desde febrero de este año.

Para el gobierno de Santos prevalece lo ideológico, dando una bofetada a los derechos humanos y “expulsa’ o “devuelve” a perseguidos políticos, refugiados de hecho; y los entrega a la policía política de Maduro, esa que persigue y castiga sin compasión. Si se trataba de simples extranjeros, no se les podía expulsar sin un procedimiento administrativo y un acto formal, al cual podían recurrir los afectados. Si eran asilados o refugiados, términos que se prestan a confusión pero que en todo caso se relacionan con la protección debida a una persona perseguida o forzada a desplazarse fuera de su territorio nacional, ha debido haber un procedimiento y en el extremo expulsarlos a un Estado distinto al que les persigue, en el que su vida y la integridad física corren peligro. En todos los casos, sus derechos humanos debían ser respetados por el gobierno colombiano, pero no fue el caso. El derecho a la defensa, a un proceso imparcial y justo, el derecho de expresarse libremente, entre muchos otros, fueron obviados por el “nuevo mejor amigo” de la Venezuela de hoy que comienza a ser de ayer.

Viola el gobierno de Santos las normas y los principios relativos a la expulsión de extranjeros y el principio fundamental, piedra angular del sistema de protección, de no devolución o de non refoulement. Ante ello, lo que es aún más grave, ningún gobierno de la región se pronuncia, tampoco el mediocre y complaciente secretario general de la OEA, menos la acorralada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ineficiente y burocrática, alejada de las realidades, que esquiva sus obligaciones en beneficio del avance hacia la destrucción de la región que han trazado estos regímenes, hasta ahora con lamentable éxito.