• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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La amnistía y las mentiras de un régimen en descomposición

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El régimen de Maduro y la dirigencia chavista recurren a falsos argumentos para justificar su rechazo al proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional presentado por los diputados de la democracia y aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional.

Los parlamentarios pesuvistas y los animadores tarifados de los canales del Estado tratan de confundir a la opinión pública sobre el significado y el alcance de los términos básicos relacionados con el tema: impunidad, crímenes internacionales y violación de los derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado y penal del individuo y la justicia transicional que supone a lo que tanto temen, la reconciliación nacional.

Los chavistas afirman que la ley favorece la impunidad. Nada más falso y perverso. La Ley de Amnistía no busca perdonar o exonerar la responsabilidad penal por los delitos de derechos humanos y de los crímenes internacionales que han cometido los esbirros del régimen, lo que violaría el derecho internacional. Por el contrario, se trata de hacer justicia y de favorecer a los centenares de víctimas de los abusos y atropellos del régimen durante todos estos años que siendo presos políticos, como Leopoldo López, Ledezma, Ceballos y tantos otros, es decir, presos por razones puramente políticas, han sido procesados injustamente y castigados sin fundamento jurídico alguno. Distintamente, sería contrario a la lucha contra la impunidad, buscar, a través de una Ley de Amnistía, la exoneración de la responsabilidad penal de los autores de los crímenes (asesinatos, torturas y tratos inhumanos y degradantes, abusos sexuales, entre otros) cometidos desde 1999 por funcionarios del Estado, miembros de los cuerpos de seguridad, de las policías y de las Fuerzas Armadas e incluso de los grupos paramilitares organizados, financiados, entrenados y protegidos por el mismo régimen.

Por el contrario, todos esos delitos y crímenes serán investigados y sus autores procesados y castigados por los tribunales nacionales, si están dispuestos a hacerlo en su oportunidad o por los tribunales penales internacionales, por la vía de la complementariedad, para justamente combatir la impunidad, la que con la mayor hipocresía dicen ahora querer erradicar.

La lucha contra la impunidad es una obligación del Estado según el derecho internacional consuetudinario, recogido en el Estatuto de Roma de 1998. Si no se puede o no se quiere juzgar a los autores de violaciones de derechos humanos o de crímenes internacionales, se activará la jurisdicción de otro Estado o la internacional, un tribunal como la Corte Penal Internacional, lo cual se traduce en un principio fundamental del derecho internacional penal: aut dedere aut iudicare, es decir, o lo juzgas o lo entregas.

Tratan, además, los irresponsables y manipuladores del régimen vincular la protesta pacífica, por lo demás un derecho legítimo de todos, con la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, para justificar eventuales acciones de  inconstitucionalidad de la ley que aprobará la Asamblea en su oportunidad. Nada más absurdo y canalla. Los delitos de violación de los derechos humanos solo pueden ser cometidos por los funcionarios o personas que actúen en nombre del Estado; los crímenes de guerra, por su parte, solamente se pueden cometer en un conflicto armado y los de lesa humanidad, con elementos contextuales muy precisos, se refieren en particular a políticas sistemáticas y generalizadas del Estado, en contra de una parte de la población. Mucho menos podríamos hablar de terrorismo o de otros crímenes o delitos con base en los cuales se han detenido y procesado injustamente a cientos de venezolanos, presos unos en las cárceles y tumbas del régimen, otros en sus casas, muchos en el exilio, todos sometidos a tratos inhumanos y degradantes, por razones simple y puramente políticas.

Mientras los diputados de la democracia anuncian consultas a la sociedad civil y a especialistas para dar forma y el mejor contenido al proyecto de instrumento que finalmente se habrá de aprobar, el oficialismo lo rechaza, en claro reflejo de los deseos del régimen de Maduro de confrontar en grado extremo a la gran mayoría de los venezolanos que apuesta por la reconciliación y la libertad para superar la enorme crisis a la que nos ha llevado el grupito de irresponsables y fariseos que ayer celebraba, en el vergonzoso templo sin santo, junto a unos pocos gobernantes de la región que aún profesan la religión del difunto golpista y en ausencia de uno de los promotores del desastre regional, Lula da Silva.