• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

Al instante

Sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana

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No ha sido fácil encontrar el camino para solventar la gravísima crisis que atraviesa el país. La realidad es un pueblo que reclama sus derechos, opuesto a un régimen desbocado y forajido que desconoce el Estado de Derecho e impone groseramente sus reglas. El acercamiento y los consensos están lejos, mientras el proceso de destrucción se acelera y aumentan las posibilidades de un peligroso estallido social que nos puede llevar a situaciones nunca antes imaginadas.

Los venezolanos en su mayoría apuestan por el diálogo, pero el régimen lo obstaculiza y niega. A pesar de los esfuerzos de gobiernos y personalidades extranjeras, el acercamiento se muestra difícil, si no imposible. Las declaraciones de Maduro y su gente muestran que su revolución no es negociable, lo que significa que la aceptamos o simplemente nos retiramos y le dejamos el país, lo que evidentemente está absolutamente descartado.

Las cosas han cambiado. La comunidad regional es hoy otra, lo que abre un espacio importante para que se instrumenten mecanismos que permitan salir de la crisis. Se ha hablado de la invocación de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que obliga a todos los Estados de la región a defender la democracia; un instrumento de derechos humanos que busca proteger a los pueblos de los gobiernos forajidos como el de Nicolás Maduro, que pretende por la vía del autogolpe acabar con las libertades y los derechos fundamentales de los venezolanos.

Para algunos la invocación de la Carta puede ser inconveniente por cuanto nada garantiza que la mayoría de Estados de la región esté dispuesta a su activación en favor del pueblo venezolano. Para otros, lo que comparto, su invocación es importante, pues activa un mecanismo que lejos de ser exclusivamente sancionador ofrece la posibilidad de una mediación o de buenos oficios de parte del secretario general que podría forzar al régimen a restablecer el orden jurídico y político.

El régimen se opone abiertamente a la activación de la Carta y a la posibilidad de que el secretario general proceda a convocar una reunión del Consejo Permanente para que examine la situación (crisis) en Venezuela y adopte las medidas necesarias para corregir el rumbo del país. Alegan los portavoces del régimen que el secretario general no tiene facultades para ello y que solo los gobiernos “víctimas de un golpe” podrían hacerlo, ignorando que la Carta no se hizo para proteger a los regímenes forajidos sino a los pueblos. No solo contradicen las normas internacionales, la Carta en particular, sino el artículo 6 de nuestra Constitución Nacional que establece que “el gobierno de (…) Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

La Carta establece en su artículo 20 que cuando se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático “cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. Una disposición muy clara que otorga al secretario general la facultad de iniciar un proceso para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Las competencias del secretario general no solo están explícitamente determinadas en esa disposición que regula su proceder como el más alto funcionario de la organización. El secretario general tiene, además, una serie de competencias implícitas que se derivan de la misma Carta y de la Carta de la organización que le obligan a velar por el respeto de los principios que guían la organización, entre los cuales, “promover y consolidar la democracia representativa”.

El secretario general y los Estados miembros de la OEA tienen compromisos muy serios con los pueblos de la región, especialmente, ante las violaciones de los derechos humanos y los atropellos a la democracia. Esta obligación les permite opinar y exigir a los gobiernos que respeten las reglas de la democracia y los derechos de los ciudadanos lo que no puede significar de ninguna manera una “injerencia en los asuntos internos” de un Estado.

En los próximos días seguramente se reunirá el Consejo Permanente de la OEA para examinar la crisis en Venezuela y adoptar algún mecanismo que permita el restablecimiento del orden democrático que se traduce en el respeto de la Constitución, de los derechos de los ciudadanos y de nuestro derecho de decidir nuestro propio destino por los medios constitucionales, en particular, mediante la realización de un referéndum revocatorio en 2016, cuya negación por el régimen es la expresión más clara de ruptura del orden constitucional.