• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

Al instante

Verdad, justicia y reconciliación

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Las declaraciones del fiscal Nieves en relación con los procesos en contra de Leopoldo López y otros presos políticos confirman que en Venezuela se violan los derechos humanos en forma sistemática y que enfrentamos una grave crisis en proceso constante de agudización que afecta a la sociedad entera.

En los últimos tiempos el régimen ha impuesto la mentira y la manipulación, alrededor de una perversa centralización del poder y del sometimiento de todos los poderes e instituciones al Ejecutivo. Estamos ante un régimen que persigue y castiga, un régimen que recurre a la “justicia” para castigar al opositor, para lo cual se ha armado de una herramienta poderosa: un Poder Judicial con absoluta falta de autonomía e imparcialidad, un defensor del pueblo que ignora sus obligaciones y lejos de proteger los derechos de los ciudadanos actúa en su contra, y unas fuerzas del orden público y unas Fuerzas Armadas ideologizadas que responden solo a los intereses de un grupo político, la herramienta material de la persecución y el acoso.

Hoy resulta imposible conocer la verdad de todo lo que pasa y ha pasado estos últimos años en el país, más en materia de derechos humanos, violados en forma sistemática y en contra de todos los que de alguna manera se oponen a las arbitrariedades del régimen. Durante estos años, según las confesiones del fiscal Nieves y de otros magistrados y personajes que se pronunciaron antes, se ha enjuiciado sin fundamento jurídico, en procesos manipulados y aberrantes, a ciudadanos que simplemente han ejercido su derecho de disentir y de protestar pacíficamente, de pensar diferente y expresarse en contra de las arbitrariedades de un régimen que definitivamente abandonó el espacio democrático.

Estamos en medio de una conflictividad política y social creciente, una realidad que ignoran deliberada e irresponsablemente quienes detentan el poder hoy, desde distintas posiciones. Hay una crisis que se agudiza y ante la cual debe prevalecer la sensatez y la inteligencia de la dirigencia política. El anuncio de Maduro de gobernar después del 6-D, sin la Asamblea Nacional, con el pueblo y los militares, según sus propias declaraciones, nos indica el peligroso camino que ha decidido tomar el régimen, dejando de la lado la Constitución Nacional y en consecuencia, el Estado de Derecho.

La experiencia vivida en otros países muestra que tras las crisis, y ello por lo general más temprano que tarde, cuando las sociedades se sienten agotadas y acorraladas por la violencia de Estado y por la ausencia de instituciones confiables, vienen tiempos de cambio, lo que supone la aplicación de mecanismos judiciales y extrajudiciales que aseguren a las víctimas y a la sociedad en general su dignidad, una justa reparación por los daños causados, el procesamiento y castigo de los autores de las violaciones de los derechos humanos durante esos períodos.

Pero, ante todo, se requerirá establecer la verdad de lo ocurrido, las razones por las cuales llegamos a esta situación, a las circunstancias en que se han cometido todos esos crímenes. Debemos preservar la memoria fuera de revanchas y venganzas. Las sociedades deben saber lo que pasó y por qué pasó. Hay un derecho humano colectivo en vías de consolidación, el derecho a la verdad, que genera a su vez la obligación a cargo del Estado, de investigar y de procesar y castigar a los autores de las violaciones de los derechos humanos y de la realización de crímenes internacionales.

Hay que erradicar la impunidad, lo que responde a un compromiso asumido por todos los Estados cuando suscribieron el Estatuto de Roma, en 1998. El olvido, el perdón, la amnistía, las leyes de obediencia civil o de punto final o cualquier otro mecanismo adoptado en perjuicio de la aplicación de la justicia, adoptadas en otros países tras las violaciones masivas de  los derechos humanos, no caben en un proceso de justicia transicional. Esta se presenta, en su conjunto, como una herramienta válida para enfrentar situaciones de esta naturaleza, un proceso, por cierto, muy distinto a la simple “transición” que algunos plantean para solucionar la crisis en el corto plazo.

Superar la crisis y asegurarse de que las violaciones no se repetirán supone acuerdos y consensos mínimos para hacer efectiva y duradera la reconciliación nacional. Ello implica, ante todo, para asegurar a la sociedad que se transita hacia un verdadero cambio, además de aplicar la justicia en debida forma, la reforma de las instituciones, en particular, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y del orden público; y, de la legislación penal para que se incorporen los crímenes y delitos contra los derechos humanos que permitan procesar y castigar a los responsables de los crímenes cometidos durante este período, con base en el principio de la legalidad que exige el orden jurídico penal.