• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Transición y reconciliación con justicia, un reto de la sociedad civil

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Las situaciones que afectan la estabilidad y la paz interna de los países son diversas. Algunas se reflejan en conflictos armados, unas veces internacionales, otras de carácter interno, como el que sacude a Colombia desde hace más de 50 años que ha causado tanto daño a la sociedad y a las instituciones colombianas. Otras veces estas situaciones se traducen en crisis internas derivadas de golpes de Estado, una vez militares en el sentido estricto del término, ejemplo las dictaduras del Cono Sur de los años setenta y ochenta del siglo pasado; o por la imposición de regímenes totalitarios que utilizando las herramientas democráticas y desvirtuando su contenido y alcance violan los derechos humanos de los ciudadanos en medio de la mayor impunidad.

Si bien hay diferencias entre las distintas situaciones, conflictos o crisis, todas tienen elementos comunes que deben considerarse en momentos de transición que nos permitan superar la crisis de manera estable y duradera y el reencuentro de una sociedad dividida y golpeada.

Lo primero y más importante es el reconocimiento. Los actores deben aceptar la realidad y reconocer que enfrentamos una crisis que va mucho más allá de lo político, una crisis que afecta, además de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales de los individuos. Una autentica crisis humanitaria como lo afirmé con la mayor responsabilidad hace unas semanas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Además, debemos reconocernos como partes encontradas, lo que lamentablemente no hace el régimen al despreciar y atacar sistemáticamente a la oposición, a la que en medio de las mayores arbitrariedades acorrala para desmoralizarla y hacerla rendir para imponerse. Ese reconocimiento de las partes en un conflicto o una crisis, fundamental para el avance en la construcción de la paz, se une al reconocimiento de todos como sociedad. Debemos además reconocernos nosotros mismos como sociedad que hoy, dividida, busca o debe buscar cohesión para enfrentar los retos en forma solidaria. Y más allá, resulta igualmente fundamental, el reconocimiento de las víctimas y de sus familiares, de su dignidad, que abarca la reparación por los daños causados.

Es imposible hablar de acercamiento, de encuentros; tampoco de diálogo y menos de acuerdos y consensos mientras una parte, el régimen en nuestro caso, ignore la realidad y a la oposición como fuerza mayoritaria de cambio. Los esfuerzos sesgados y poco imparciales e independientes del español Rodríguez Zapatero y de su grupo de ex presidentes no asoman ninguna posibilidad de éxito, ninguna solución a la crisis. Esfuerzos que, lejos de buscar la unidad nacional, la alejan en medio de dudas y decepciones.

Por otra parte, y como segundo elemento común para la solución de conflictos y crisis, debe establecerse la verdad. Tenemos derecho a ella como sociedad golpeada por una situación caracterizada por una violación grave de los derechos humanos, por la realización de crímenes internacionales según el derecho internacional y por la comisión de muchos otros crímenes y delitos que, lejos de ser investigados y sus autores castigados, son escondidos por el régimen. Las víctimas y la sociedad que es igualmente víctima de las violaciones de los derechos humanos tienen el derecho de exigir la verdad de lo ocurrido y el Estado, en consecuencia, el deber de esclarecer los hechos, de investigarlos y de castigar a los responsables de los mismos.

Debe establecerse la verdad no solo de las arbitrariedades de los últimos 17 años, sino más allá, desde el momento cuando Venezuela lamentablemente perdió el rumbo, cuando desaparece la solidaridad y la cooperación social como principios reguladores de las relaciones sociales. Para ello deberá crearse una autentica Comisión de Reconciliación y Paz, integrada por personalidades nacionales y extranjeras que puedan de manera imparcial e independiente presentar las causas que nos llevaron a esta crisis y las atrocidades cometidas estos últimos años..

Para asegurar a la sociedad que exige estabilidad y paz deben hacerse reformas importantes, tanto legales como institucionales. Hay que crear un clima de legalidad y por ello en nuestro caso quizás no solamente reformar el ordenamiento penal interno, sino elaborar un Código de Derecho Internacional Penal en el que se incluyan los crímenes internacionales, no solamente los que conforman la competencia material de la Corte Penal Internacional, aun no incorporados en la legislación interna: el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la agresión y más allá del Estatuto de Roma, el terrorismo, el narcotráfico y otros de trascendencia internacional que han golpeado nuestra sociedad.

Un proceso de reconciliación debe basarse en la confianza. Solo ello permitirá que el mismo sea estable y duradero. En ese contexto resulta esencial la reforma de las instituciones para ponerlas al servicio de la ciudadanía; un Poder Judicial independiente e imparcial, profesional y honesto es una necesidad. De la misma manera, la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales y de seguridad, tanto nacionales, como regionales y locales debe instrumentarse para asegurar el Estado de Derecho que se perdió en el camino, para garantizar que todos estamos sometidos al orden jurídico sin ninguna discriminación y en igualdad de condiciones.

El reconocimiento y la verdad son esenciales para la reconciliación, como también lo es la aplicación de la justicia que no puede ni debe interpretarse como retaliación o venganza. La reconciliación no excluye el perdón, tampoco el olvido. La aplicación de la justicia transicional, un concepto al que han recurrido otras sociedades para superar sus conflictos o crisis, supone equilibrio entre las instituciones y los mecanismos que se deben poner en práctica. Allí reposa la sabiduría de quienes reciben el mandato de la sociedad para avanzar en el complejo proceso de reconciliación y paz.

Un proceso de reconciliación, sin duda la única vía hacia la paz y la estabilidad del país, debe contar con el respaldo de la sociedad. No pueden los negociadores de acuerdos de paz ignorar las preocupaciones, las exigencias de los ciudadanos. Los procesos de reconciliación deben encontrar fórmulas estables y duraderas. La sociedad debe asegurarse que las decisiones que los dirigentes políticos adopten responden a sus exigencias y sus preocupaciones. Solo ello hará exitoso un proceso de reconciliación y paz.

Es el momento de reflexionar sobre el camino a seguir. La sociedad civil debe hacer propuestas, en especial, en espacios académicos como el que en los próximos días se celebrará en la Universidad Simón Bolívar (USB) en el que participaran expertos que tratarán el tema de la reconciliación desde la perspectiva socio-política y desde la perspectiva jurídica que supone la aplicación sana de la justicia, en la búsqueda de “una visión compartida” de país, partiendo del esfuerzo de importantes ONG nacionales agrupadas en el proyecto “La Venezuela que queremos todos”.