• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

Al instante

Reflexiones en momentos de crisis

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El régimen enfrenta un proceso electoral que anuncia el fin de una era que solo ha traído pobreza y confrontación. Un hecho político que abrirá el camino al cambio que reclama la mayoría de los venezolanos. Las elecciones y los pronósticos desesperan a un oficialismo cada vez más débil y desubicado, lo que se proyecta en las últimas declaraciones, actuaciones y decisiones de quienes gobiernan hoy, entre las cuales, el desmedido estado de excepción establecido en Táchira, un globo de ensayo que lamentable, aunque no sorpresivamente, asoma la posibilidad de que las elecciones del 6-D se suspendan.

Independientemente de las trampas que se han venido instrumentando y las que seguramente se harán en las próximas semanas, la nueva Asamblea será mayoritariamente democrática, lo que lógicamente traerá consecuencias inmediatas trascendentales que los políticos deberán manejar con inteligencia y oportunidad para evitar caer en una confrontación extrema que hunda al país en una inestabilidad aún mayor que pueda generar lo que a todos preocupa, una explosión social sin precedentes.

Solo a través del diálogo y de los acuerdos y consensos que las distintas fuerzas políticas puedan adoptar se podrá manejar el período crítico que se planteará tras el cambio político que decidirán los venezolanos el 6-D. A un régimen arrogante y comprometido le costará aceptar su derrota y el fin del más nefasto período de nuestra historia republicana, aunque quizás algunos de sus jerarcas lo haga y participen en el proceso que se iniciará entonces. La oposición, por su parte, deberá responder y actuar con sabiduría, acercando posiciones y buscando espacios comunes; lo que no quiere decir, de ninguna manera, que el perdón sustituirá la justicia y que lo ocurrido estos años pasará al olvido.

Durante estos años se han cometido delitos graves contra la nación que merecen ser investigados y sus autores procesados y castigados. No estamos ante una realidad nueva. En la región hemos vivido situaciones similares después de cruentos períodos de dictaduras militares que dejaron muerte y desolación. Los pueblos exigieron entonces, para lograr la paz y la reconciliación nacionales, que se determinara la verdad de los hechos y el origen de la violencia, que se establecieran responsabilidades en todos los casos, que se reconociera la dignidad de las víctimas y se les indemnizara adecuadamente. Al mismo tiempo se acordó entonces en esos países, devastados por la violencia y el odio, una profunda reforma del Estado y de sus instituciones. Las distintas fuerzas llegaron a acuerdos importantes para garantizar los procesos que se iniciaban, hacerlos duraderos y generar la confianza de los ciudadanos. Se adoptaron una serie de mecanismos que resumen lo que más adelante serviría de marco de referencia en situaciones similares en la región y en otras partes del mundo: la justicia transicional, tema sobre el cual deben hoy reflexionar seriamente quienes de alguna manera participan en la toma de decisiones en el país.

Vienen momentos de cambio que exigen ante todo justicia. No solamente se ha destruido sistemáticamente un país y arrasado con sus recursos, lo que requiere procesos judiciales y administrativos y el castigo de los responsables. Se han cometido, además, aberrantes crímenes internacionales traducidos en asesinatos, desapariciones, persecución, discriminación política, tortura y otros tratos inhumanos a opositores, que deben ser examinados por los tribunales nacionales o por otros, internacionales o internacionalizados, si fuere necesario, para lograr el castigo de sus autores. No se trata de una venganza sino de justicia. No puede haber un proceso de paz y reconciliación, que es lo que se planteara después del 6-D, sin hacer justicia y reivindicar a las víctimas y a sus familiares que son muchos.

La situación exige acuerdos y consensos y para ello un diálogo amplio previo entre todas las fuerzas para avanzar en la reconciliación nacional. Ante todo, y siguiendo algunas experiencias en otras partes, aunque no podemos trasladarlas de manera simple a nuestra realidad, se requiere establecer la verdad de lo sucedido en estos años de violencia y fracasos, de persecución y de división. Una autentica comisión que investigue y establezca la verdad deberá ser instalada. No importa su composición, solo que genere confianza. Los pueblos exigen conocer la verdad y ella debe establecerse. Es la prioridad. Es un derecho que tenemos todos y que estamos dispuestos a exigirlo.

Al mismo tiempo las fuerzas políticas deben acordar una reforma integral de los poderes públicos, especialmente el Poder Judicial, cuya autonomía e independencia, hoy ausentes, es fundamental para erradicar la impunidad que ha acompañado al régimen desde sus inicios. La gente quiere justicia, castigo de los responsables, aunque ello no es el único objetivo de un proceso de cambio en el que prive la razón y la serenidad. Solamente un Poder Judicial profesional, auténticamente independiente y autónomo puede garantizar la justicia. Otras reformas deberán venir en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de seguridad y de policía nacional, estadales y locales.

Todo ello es indispensable para creer en el proceso que se iniciará después del 6-D, para consolidarlo y hacerlo estable en el futuro. Serán momentos difíciles en los que unos y otros deberán actuar con visión de futuro. No vale la improvisación.