• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Reconocimiento y aceptación de los resultados electorales

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Los venezolanos votaron el 6-D por el cambio. No fue un simple voto castigo como lo muestran interesadamente quienes todavía no se han percatado del derrumbe del chavismo como forma de gobernar. Fue un contundente rechazo a un proyecto político, económico y social que sólo ha generado miseria y descontento. El pueblo dijo no a un sistema totalitario, corrupto, ineficiente e irrespetuoso de los derechos humanos, pero sobre todo, rechazó la incitación al odio y a la violencia promovida por una insana dirigencia y por animadores que en nombre de un proceso disparatado y nefasto invadieron la televisión pública hasta agotarla y convertirla en un grosero aparato de propaganda basado en la mentira y la manipulación.

El pueblo se expresó muy claramente y exigió un cambio de rumbo, pero Maduro en medio de un no muy favorable debate interno, no lo entiende e insiste en continuar y “radicalizar” el camino hacia la destrucción. No parecen los derrotados, al menos los grupos más extremistas, dispuestos a entender que los venezolanos no quieren más violencia, tampoco odio ni discriminación, más bien paz y tranquilidad para lograr progreso y bienestar.

El 6-D el régimen reconoció los resultados porque simplemente no podían hacer algo distinto. La derrota fue aplastante, la MUD tenía controlado el proceso y la observación internacional se mostraba determinante.  Simplemente, no había ninguna posibilidad de voltear la voluntad popular. El fraude se hizo imposible y el reconocimiento de los resultados, por lo tanto, lejos de ser un gesto bondadoso y propio del “mejor sistema electoral del mundo”,  resultó simplemente obligatorio.

Si bien el régimen se vio forzado a aceptar los resultados el 6-D, pese a la oposición de algunos dentro de sus filas más radicales, ahora no parece estar dispuesto a respetarlos. Las declaraciones de los dirigentes y de los ofuscados animadores de los canales del Estado que incitan al odio y a la violencia, parecen lamentablemente indicar que el triunfo electoral no sería respetado y que la nueva Asamblea no podría ejercer las funciones que la Constitución le otorga como Poder independiente y autónomo.

Apenas conocidos los resultados electorales, la mayoría legislativa ha presentado un programa serio y coherente para solventar la crisis y evitar mayores males en el corto plazo, lo que podría convenir a un gobierno fracasado y acorralado. La nueva mayoría, con la mayor responsabilidad, ha anunciado la adopción de instrumentos que buscan reordenar a un país perdido en baratos discursos revolucionarios. La respuesta, lamentablemente, producto de la mayor insensatez política, ha sido la descalificación y el boicot para evitar que se avance en la dirección correcta.

La primera iniciativa anunciada por la nueva mayoría legislativa ha sido la adopción de un Decreto o una Ley para la liberación de los presos políticos, lo que responde sin duda a la aspiración popular expresada el 6-D. La reacción de Maduro de “vetar” una ley que permita la liberación de todos los presos políticos  muestra no solamente el desconocimiento del anhelo popular, sino de la Constitución y de las Leyes de la Republica que facultan a la Asamblea para adoptar un Decreto o una Ley sobre la materia. El veto sólo podría proceder si la Sala competente del TSJ declara su inconstitucionalidad, lo que sólo es posible cuando trata de crímenes internacionales, de lesa humanidad y de guerra; o violaciones graves de derechos humanos, lo que no es absolutamente el caso.

El 6-D algunos consideraron que el gobierno no había violentado las reglas democráticas pese a las enormes y claras irregularidades que muchos no quisieron ver y que por lo tanto no había razones para preocuparse por una ruptura del orden constitucional. En consecuencia no había necesidad, como lo dijo de buena fe el nuevo Presidente argentino Mauricio Macri, de aplicar cláusulas democráticas para restablecer el orden. Se aceptaron los resultados, sin duda, pero ello no garantiza que los mismos sean debidamente respetados y que el gobierno de Maduro permita el funcionamiento autónomo e independiente de la Asamblea Nacional. La lucha interna, entre radicales que consideran que un entendimiento con la oposición podría significar el fin del chavismo y los pragmáticos que no ven otra salida para enfrentar la grave crisis  del país, determinará la decisión definitiva que adopte Maduro en relación con el respeto o no de la nueva Asamblea.

En todo caso, estamos ante una realidad muy peligrosa que desnuda al gobierno de Maduro ante los venezolanos y el mundo. La comunidad internacional debe estar alerta y velar por que se respeten los resultados del 6-D y el gobierno permita sin trabas ni escapatorias el funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional representativa de la inmensa mayoría de los venezolanos. No debe descartarse, en consecuencia, de insistir el gobierno de Maduro, bajo el impulso de sectores radicales de su movimiento, en desconocer la voluntad popular, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana o de cualquier otra Cláusula que obligue al gobierno a mantenerse en el espacio del respeto y de las libertades.