• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

Al instante

¿Hablamos de genocidio?

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Nadie pensaba hace algunos años en la posibilidad de que en el país se pudieran cometer crímenes internacionales como los de lesa humanidad o mucho más allá, un genocidio. Pensábamos sólo en Ruanda, en Sierra Leona, en la ex Yugoslavia o en Sudán e incluso en Colombia en donde se habrían cometido crímenes horrendos de guerra y de lesa humanidad. Hoy sin embargo, lamentablemente,  hablamos de actos de persecución y de tortura sistemática en Venezuela que se traducen en crímenes de lesa humanidad.

El vergonzoso muro de Cúcuta que simboliza el cierre de la frontera con Colombia, abierta por instantes a los más favorecidos de la revolución; y la crisis humanitaria, insistentemente negada por el régimen, que genera sufrimiento y desesperación entre millones de venezolanos, responde también a una política sistemática del régimen de Nicolás Maduro, elemento del crimen contra la humanidad.

La discriminación, la persecución, la tortura, el castigo judicial a los opositores y disidentes  no son simples actos aislados, sino algo más estructurado que se inserta en la definición que da el Estatuto de Roma a ciertos crímenes, lo que podría en algún momento permitir la activación de la jurisdicción del tribunal internacional que investigaría los hechos y determinará en su momento que hay elementos suficientes que evidencian que en el país se cometen tales crímenes.

Ante la Fiscalía de la Corte Penal se han depositado varias solicitudes, para que se inicie una investigación preliminar. Hasta ahora hemos hablado de crímenes de lesa humanidad, evidentes en el actuar de las fuerzas policiales, militares y paramilitares protegidas por el régimen. No se había hablado, sin embargo, de genocidio, uno de los crímenes más aberrantes que ha puesto en peligro incluso la existencia misma de la humanidad.

Como en toda crisis, convertida luego en conflicto, de épocas de violaciones aisladas aunque siempre graves de derechos humanos, se pasa a situaciones más peligrosas que muchas veces resultan incontrolables. La comunidad internacional, es decir, órganos internacionales, gobiernos, la sociedad civil, está realmente preocupada por estos hechos que parecen agudizarse día a día en el país, en donde nunca pensamos que podían perpetrarse crímenes contra la humanidad y otros de carácter internacional. La sola mención y el temor expresado por algunos, de que en Venezuela se pudiese cometer también un genocidio resulta realmente alarmante.

Del examen de los hechos es posible concluir en que estamos hoy en Venezuela ante crímenes de lesa humanidad, pero muy difícilmente ante actos de genocidio cuya definición excluye expresamente los grupos políticos. Las circunstancias podrían llevarnos a la conclusión de que los graves actos ejecutados por funcionarios del Estado podrían constituir crímenes internacionales, de lesa humanidad en concreto, objeto de la competencia de la Corte y que quienes instigan, ordenan y cometen serán procesados y castigados por ello.

Aunque es un exceso, nada impide alguna referencia al crimen de genocidio. El artículo 6 del Estatuto de Roma define el genocidio como actos (matanza, lesiones) “perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Esta definición recoge la establecida en el artículo II de la Convención sobre la represión del genocidio de 1948 que, demás está decir, expresa el derecho consuetudinario. El Estatuto, sin embargo, amplia o precisa el alcance de la responsabilidad individual en relación con todos los crímenes objeto de su competencia, que no se atribuirá solamente al autor, que lo hace por sí mismo o por conducto de otra persona; ni a quien ordene, proponga o induzca la comisión del crimen (consumado o en grado de tentativa), sino que puede ser atribuida al cómplice, al encubridor y a los instigadores que hoy en el país, lamentable y vergonzosamente con el apoyo del aparato del Estado, desde emisoras públicas, promueven la violencia y el odio.

El castigo o la represión de los crímenes internacionales es una obligación del Estado. Si no puede o no quiere hacerlo, es decir, si sus tribunales no están dispuestos a hacerlo, actúan por la vía de la complementariedad, instancias externas, como la Corte Penal Internacional e incluso tribunales nacionales en el ejercicio de la jurisdicción penal universal.

La aplicación de la justicia, incluso en un momento de transición como el que se ha iniciado en el país, es necesaria para poner fin a la impunidad por la realización de estos crímenes que “conmueven profundamente la consciencia de la humanidad”; para  satisfacer a las víctimas que es la misma sociedad y para “contribuir a la prevención de nuevos crímenes”.