• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Expulsión colectiva de extranjeros, un crimen internacional

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La situación en la frontera colombo-venezolana (estado Táchira) es absolutamente inadmisible. Nada puede justificar este crimen internacional que afecta a centenares de familia colombianas a las que el régimen, cínicamente, declara responsables del desabastecimiento y la escasez en la región.

Los derechos humanos de los expulsados son pisoteados en forma discriminada, selectiva, en razón de la nacionalidad, en nombre de una fantasiosa guerra económica y de un ataque de la oligarquía colombiana y basada en un estado de excepción sin ningún fundamento jurídico. El régimen de Maduro afirma que la situación en la frontera con Colombia “obedece al desbordamiento” del Estado colombiano “para combatir el paramilitarismo, el narcotráfico” y “promover la desestabilización” de la economía venezolana “mediante el ataque a la moneda, contrabando de combustible y productos de diversa índole”.

Lo cierto es que se violan los derechos humanos de los extranjeros, de los migrantes, de los trabajadores migratorios, de los refugiados. El derecho a la vida y la integridad física y moral, a la propiedad, a la unidad familiar y muchos otros son violados como parte de una política sistemática y generalizada que constituirían un crimen internacional que se agrega a los señalamientos que se han hecho ante la Corte Penal Internacional que tarde o temprano podría  determinar la responsabilidad penal internacional individual de los autores por estos y otros abominables hechos.

La expulsión de extranjeros no puede ser colectiva, como lo establecen las normas de Derecho Internacional consuetudinario. Tampoco puede ser arbitraria. La expulsión debe basarse en una orden administrativa o judicial conforme al derecho interno y al derecho internacional, dentro de un procedimiento justo en el que la persona afectada pueda hacer valer sus derechos. La ilegalidad de una orden hace igualmente ilegal la orden de expulsión. El régimen venezolano no solo discrimina por nacionalidad, sino basado en la condición migratoria de la persona, como lo afirmó insólitamente Jacqueline Faría en días pasados, para quien hay diferencias entre extranjeros en condiciones legales y extranjeros en condiciones ilegales.

La Iglesia, la dirigencia política, la comunidad internacional, los gobiernos y las organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la gravedad de la situación, lo que desprecia el régimen, acostumbrado a imponerse sin la razón y con la violencia. De manera oficial, el régimen respondió y calificó de “inmoral e hipócrita” el comunicado de la Unión Europea que legítimamente, dada la trascendencia internacional de estas situaciones, hacía un llamado a Venezuela para que se respetasen los derechos de los extranjeros a la vez que declaraba también con razón que “el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, seguido del desplazamiento forzado, pone en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región fronteriza”. 

También rechazó otras sugerencias de gobiernos extranjeros, demostrando una vez más su arrogancia y la incapacidad de solucionar las situaciones por la vía del diálogo. La canciller del régimen consideró “injerencista” la posición de Estados Unidos a la vez que le exigió no inmiscuirse en los asuntos bilaterales, desconociendo que esta materia no es más de la exclusiva jurisdicción del Estado venezolano; se trata, como se sabe, de una materia que por su trascendencia se ubica hoy en el ámbito del interés de la comunidad internacional, por lo que todo Estado tiene el derecho de exigir que se respeten las normas de derecho internacional que regulan la protección de los derechos humanos.

En el Consejo Permanente de la OEA el régimen se opuso a la convocatoria que planteaba Colombia para que examinara la situación humanitaria en la zona fronteriza. El resultado desfavoreció a Colombia pero dejó claro que Venezuela perdió apoyo en la región. Catorce países apoyaron a Colombia, mientras solo cuatro le acompañaron y once se abstuvieron, entre los cuales, lamentablemente Brasil, país que pretende erigirse en gendarme de la región e incluso en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y que insiste en acomodarse y no tomar partido ante situaciones tan graves como esta, para acompañar las barbaridades de un régimen cuyo fin está anunciado.

La realidad es que las deportaciones selectivas ordenadas por el presidente Nicolás Maduro son el producto de una enorme irresponsabilidad por parte de un régimen que juega a la confrontación, dentro y fuera, con fines electoreros.