• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Elecciones libres y justas, democracia y comunidad internacional

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La expresión “elecciones libres y justas” tiene un sentido particular en el Derecho Internacional. No es una frase vacía, tampoco de simple contenido político.  Se trata de un principio íntimamente relacionado con los derechos humanos y con los conceptos democracia y estado derecho que se ubica en el ámbito de interés de la comunidad internacional, lo que permite que  ante su violación los gobiernos, las instituciones internacionales y la sociedad civil puedan pronunciarse legítimamente sin que ello pueda ser considerado, como usualmente lo argumentan los regímenes totalitarios, una injerencia en los asuntos internos del Estado.

Los pueblos tienen el derecho a la democracia que se basa en elecciones no solamente periódicas, sino libres y justas. El Estado tiene en consecuencia el deber de garantizarlas, lo que significa en pocas palabras asegurar la participación libre y sin discriminación de todos los candidatos, incluido el acceso a los medios de información en igualdad de condiciones; el respeto pleno al electorado que debe participar y expresar sus preferencias sin temores y una autentica e imparcial observación internacional que garantice transparencia y legalidad.

La realidad nuestra es que el régimen violenta estos componentes del principio de “elecciones libres y justas”. El régimen no solo incurre en un ventajismo sin límites, grosero y absolutamente inmoral, sino que viola todos los derechos de los candidatos y del electorado, principalmente, el derecho relativo a su seguridad e integridad física y moral,  el derecho de desplazarse libremente por todo el territorio nacional y el derecho a expresarse y reunirse sin restricciones.

La persecución de los candidatos es la regla; ella se traduce en aberrantes inhabilitaciones políticas, como las decretadas a Vecchio y María Corina. También se les persigue, se les amedrenta, se les ataca con violencia para impedirle hacer su campaña electoral en forma libre y sin riesgos, tal como ocurriera con Pizarro y otros en distintos Estados del país.

Pero no basta la presión sobre candidatos, sino sobre el mismo elector para impedir que se exprese, que participe, que vote y elija. Al aplicar un auténtico terrorismo de Estado a través de las bandas armadas creadas, sostenidas y financiadas por el régimen, buscan alejar al ciudadano de la contienda electoral, simplemente impedir su participación en el proceso. Los candidatos y los electores no solamente están impedidos de desplazarse por la persecución de las bandas paramilitares oficialistas, sino por la imposición de medidas arbitrarias, como las incluidas en los nefastos e injustificados estados de excepción decretados en algunos Estados del país.

Los candidatos opositores no tienen acceso a los innumerables medios del Estado sometidos al Ejecutivo y a la orden del partido oficialista, tampoco a los tantos “privados” obligados por una censura sin precedentes, para expresarse libremente en campaña electoral. Hay una discriminación absoluta en su contra. El oficialismo, con Maduro y Cabello al frente, acompañados por los animadores de los shows del régimen en las televisoras del Estado, no sólo ocupan el espacio informativo electoral en forma absoluta y grosera y a tiempo completo, sino que aprovechan su secuestro para descalificar a los opositores, dentro de la mayor impunidad, sembrando odio y violencia, bajo forma de paz y tranquilidad, ignorando que tales actos van más allá de delitos electorales simples, tal vez parte de crímenes internacionales que en algún momento conocerán los órganos de justicia penal internacional.

Otro componente del concepto “elecciones libres y justas”, igualmente violentado por el régimen, es el de la “observación  internacional imparcial” que el régimen ha interpretado a su manera para adaptarla a sus intereses. La aplicación sesgada del principio por las “autoridades” no sólo se muestra insuficiente sino perversa, negando la necesaria transparencia que exige todo proceso electoral. El “acompañamiento” es una fórmula hecha a la medida por el régimen en forma de triquiñuela, para instrumentar el fraude continuo que ha caracterizado este proceso. Pero se equivoca de nuevo el régimen pues a pesar de su insistente negativa sobre la transparencia y la “observación internacional”, habrá una “observación virtual” que permitirá detectar el fraude en todas las etapas del proceso.

Los gobiernos y los demócratas de la región y del mundo se han por fin percatado de lo que realmente ocurre en el país en donde las instituciones llamadas a defender los derechos de los ciudadanos, el CNE, el defensor del pueblo y la fiscal general, se hacen cómplices del oficialismo al tolerar, apoyar y encubrir las violaciones. Ya no se trata de ex-presidentes y dirigentes demócratas del mundo los que se manifiestan, sino de mandatarios en ejercicio que “exhortan” a Maduro a respetar las reglas electorales en especial las relacionadas con las “elecciones libres y justas”.

La comunidad internacional ha constatado las violaciones, por el régimen, de las reglas y de los principios electorales fundamentales. Espera, sin embargo, para pronunciarse, el desarrollo del proceso del 6-D que podría estar marcado por la violencia de las hordas chavistas en los centros electorales y por tentativas de fraude de todo tipo al final del día y después del 6-D, por un eventual desconocimiento de la nueva Asamblea como Poder independiente del Estado, tal como lo establece la Constitución de la República lo que se acercaría a un autogolpe o “fujimorazo” cuyas consecuencias son bien conocidas.

En definitiva, si el régimen viola las normas y principios electorales e irrespeta los derechos de los venezolanos a expresarse libremente y escoger sus autoridades, simplemente abandonaría el estado de derecho y el orden democrático, es decir, incurriría en una ruptura del orden constitucional lo conllevara a la activación de las cláusulas democráticas vigentes en América, en especial, la incluida en la Carta Democrática Interamericana.