• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Democracia y derechos humanos, un denominador común

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La diversidad y pluralidad en las que tendrían que fundarse el diálogo nacional y el proceso de integración regional chocan con una realidad inocultable, la presencia de elementos incompatibles y excluyentes que impiden los consensos y acuerdos necesarios para lograr objetivos comunes mínimos. Un sistema político de corte totalitario como el chavista, que no cede ante las realidades, que trata de imponerse por todos los medios para perpetuarse en el poder y viola los derechos y las libertades fundamentales es absolutamente incongruente con las otras propuestas políticas que se presentan en ambos espacios.

El sistema político que trató de imponer el teniente coronel Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro es discordante con otras visiones políticas, lo que queda claro cuando quienes lo sostienen  afirman que “la revolución no se negocia”; es decir: todo o nada. Con un régimen intolerante, pero sobre todo excluyente, se hace imposible alcanzar acuerdos. No hay compatibilidad, como lo afirmó con mucha claridad hace unos días el ex presidente del gobierno español, José María Aznar: “…un país no puede ser al mismo tiempo una dictadura y una democracia (…)  es total la incompatibilidad del régimen de Nicolás Maduro con la democracia que encarna la Asamblea Nacional venezolana”.

En los procesos nacionales y en los de integración, Europa es un buen ejemplo. Puede haber visiones y políticas distintas, pero estas no podrían ir más allá de un denominador común que se resume en el respeto pleno de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin discriminación, y de las reglas de la democracia que supone la separación de poderes y la independencia e imparcialidad de las instituciones nacionales, conceptos básicos que el régimen chavista no solo no acepta, sino que desprecia con arrogancia.

El diálogo interno se hizo imposible. La insólita reacción de Maduro ante las propuestas del sector privado muestra esa falta de consenso. También ante la exigencia de los venezolanos, expresada el 6D, de liberar a los presos políticos, el régimen muestra su rechazo sin abrir espacios para encontrar puntos intermedios. Mientras se pide la liberación de esas personas y el libre retorno de los exiliados mediante una ley de amnistía y reconciliación nacional que favorecería a todos, menos a los verdugos del régimen, este responde con más persecución y castigo.

En el plano internacional tampoco parecen posibles, por esa misma razón, los acuerdos y consensos. La diversidad de sistemas políticos y de tendencia ideológica de los gobiernos no impide per se el acercamiento y las coincidencias para abrir un espacio común, pero cuando un gobierno, como el venezolano, pretende establecer internamente y llevar al plano regional sistemas incompatibles con el denominador común, el proceso se detiene.  

En días pasados se celebró en Quito una reunión de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), más con pena que con gloria, en la que los mandatarios recurrieron al discurso de siempre: crear mejores condiciones de vida para su pueblo, erradicar la miseria, crecer económicamente, luchar contra los grandes males como el narcotráfico y el deterioro del ambiente e  integrarnos como región; pero nada o poco se dijo sobre democracia y derechos humanos, asuntos que tendrían que ser ese denominador común. Por el contrario, han sido ignorados en el diálogo regional, seguramente para evitar que se evidencie la fragilidad del grupo y del proceso que una vez se fundaba en el Estado de derecho.

Apenas la vicepresidente de Argentina se habría referido al tema en su encuentro con Maduro, cuando dijo que “Argentina había recibido la solidaridad internacional durante la última dictadura militar -incluyendo la de Venezuela- (…) y que a partir de las denuncias que muchos países hicieron de violaciones de los derechos humanos en el país era tiempo de retribuir esa solidaridad”.

La integración económica de la región se hace también sobre bases mínimas. No es posible integrar naciones con gobiernos que practican políticas excluyentes, prácticas contrarias a todo, como las relativas a las confiscaciones y sobre controles de todo tipo, tampoco que recurre, como el del país, a las violaciones de los derechos de los ciudadanos como política de Estado.

Es difícil, si no imposible, avanzar en la construcción de acuerdos cuando los desencuentros son absolutos. En el ámbito interno es también imposible avanzar y alcanzar acuerdos para salir de la crisis. Solo queda poner en práctica los mecanismos constitucionales para cambiar al gobierno, procedimientos muy distintos al que recurrió el grupo militar-cívico hoy en el poder, en febrero de 1992, cuando intentó un golpe militar contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, ataque que el oficialismo llama “rebelión”, una intentona continuada que se ha prolongado lamentablemente hasta nuestros días.