• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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¿Complot regional?

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La región parece cambiar su rumbo y organizarse alrededor de un proyecto perverso que busca la destrucción de la democracia y el aniquilamiento de las libertades fundamentales, todo ello bajo la dirección del castrante régimen cubano. Un complot regional parece estar en curso, con la participación decidida de algunos, bajo la mirada de otros que incurren en una suerte de omisión participativa y de aquellos que solo tratan de escapar del aislamiento que pudiere imponerle el grupo dominante.

Destruir la democracia por los “medios democráticos” ha sido, aunque resulte paradójico, el camino seguido por quienes hoy detentan el poder en la región. Para ello, la interpretación sesgada de las normas, la manipulación, la tergiversación y el acomodo fraudulento se han convertido en rutina. Las violaciones de las normas y principios de derecho internacional no son nuevas en esta época de irrespeto. Hace unos años, una primera muestra cuando el gobierno de Lula aniquiló la institución del asilo, en el conocido caso Zelaya. Más tarde, un grosero desprecio por las normas y los mecanismos de protección de los derechos humanos que se convierte en otra constante en el actuar de las nuevas “democracias”. Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela rechazan sin escrúpulos las decisiones de los órganos regionales de derechos humanos que no les son favorables. Más recientemente, con la vergonzosa participación de Países Bajos, se tergiversa el alcance de la figura de la extradición y se irrespeta el principio fundamental de “juzgar o extraditar”, en el conocido caso Carvajal, en medio de un silencio cómplice de unos y otros.

Ahora, al mismo ritmo, el gobierno de Santos incurre, para satisfacer a Maduro y a los irregulares de las FARC, en nuevas violaciones, esta vez del principio sagrado de derechos humanos de “no devolución” que impide que una persona, en este caso estudiantes venezolanos que luchan por la libertad, sea entregada a las autoridades de otro país si su vida y su integridad física corren peligro. Y, más cerca aún, en un nuevo golpe al derecho internacional, el gobierno de Ortega, en medio de un evento para promover la democracia, expulsa a un dirigente político venezolano, Milos Alcalay, por simplemente oponerse al régimen de Maduro, cuya naturaleza es harto conocida hoy en la región y más allá. Una discriminación sin precedentes, otra violación más.

Para perfeccionar el proyecto destructor, los regímenes integrantes de las “nuevas democracias” han decidido debilitar las instituciones regionales y crear otras como Unasur, cuyo nuevo secretario general es el cuestionado ex presidente colombiano Ernesto Samper, acusado una vez de haber utilizado dinero proveniente del narcotráfico para financiar su campaña electoral, escándalo político en el que se vieron involucrados varios de sus ministros, condenados más tarde, Botero Zea y Santiago Medina. El nuevo secretario general afirma con la mayor desfachatez que “Maduro es un hombre de diálogo…”, y anuncia que vendría a Venezuela a plantearle el reinicio del diálogo, despreciando de nuevo a las fuerzas democráticas que en Venezuela hoy representan la mayoría absoluta en el país.