• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

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Víctor Rodríguez Cedeño

Autodeterminación y no injerencia

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El derecho a la autodeterminación de los pueblos abrió el camino a la transformación más importante de la sociedad internacional, más a partir de 1960, cuando se codificó en la Declaración sobre la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales (Res. 1514 XV de la Asamblea de la ONU) que permitió el ingreso a la sociedad internacional de decenas de naciones sometidas hasta entonces al poder colonial.

Los países tienen derecho de luchar por su independencia, incluso armada, y, más allá, conforme a una interpretación más amplia del principio, todos los Estados tienen derecho de escoger su sistema político, económico y social y de decidir su destino como nación. La comunidad internacional, ante situaciones de colonialismo, puede actuar y, en forma legítima, apoyar los movimientos para que los pueblos afectados por el yugo colonial logren su independencia, lo que no puede traducirse como la violación de otro principio fundamental, el de no injerencia en los asuntos internos, que prohíbe a los Estados intervenir, de cualquier manera, en la política interna de otras naciones.

El principio es a veces objeto de manipulación por regímenes inescrupulosos que buscan su aplicación, más que para avanzar en la construcción de una sociedad internacional más libre y justa, para imponer sus nefastos proyectos en otros países.

La comunidad internacional puede legítimamente intervenir ante las situaciones de colonización y de violación de los derechos de los pueblos, como lo hizo a través de los órganos internacionales, en las décadas de los sesenta y los setenta cuando se luchaba por la independencia de los países y pueblos coloniales y contra el apartheid. No puede, sin embargo, ningún Estado u organización internacional intervenir en los asuntos internos de otros Estados, salvo cuando se trate de situaciones de interés para la humanidad, es decir, ante la violación de normas superiores, en especial, las relativas a la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, materias que hoy se extraen de las jurisdicciones internas y se ubican en el área de interés común.

El tema del derecho a la autodeterminación es tan complejo como sensible, lo que obliga en diplomacia a la mayor discreción. En días pasados, Maduro retomó el asunto de la “independencia” de Puerto Rico al anunciar su planteamiento en la reunión de la Celac que se inicia hoy en La Habana, con el fin de retar al imperio y de complacer a algunos fuera, aunque más a corrientes internas radicales que se oponen en sus propias filas a su liderazgo, que por convicciones propias.

El llamado de Maduro a la “independencia de Puerto Rico” o la “simple” invitación a participar en la Celac constituye una intromisión en los asuntos internos de Estados Unidos. No debe ignorar Maduro que más de 95% de los puertorriqueños rechaza la independencia, promovida todavía por un pequeño grupo de izquierdosos desubicados, sostenido por regímenes irrespetuosos de las normas internacionales, que ven en la independencia de Puerto Rico un paso más en la “cubanización” de la región.

Nadie plantea hoy con seriedad la independencia de un pueblo que por voluntad propia ha preferido mantener el estatuto de Estado Libre Asociado que goza de cierta autonomía y que ofrece a los puertorriqueños el respeto de sus tradiciones culturales que hacen de la isla una nación con una particular identidad nacional. Independientemente de las bondades o no que se derivan del estatuto de Estado Libre Asociado e incluso del estatuto de Estado de la Unión, la otra opción planteada, esa es la decisión de los puertorriqueños y todos deben respetarla.

El planteamiento de Maduro podría autorizar a otros Estados a promover la independencia de algún estado o dependencia administrativa venezolana o de cualquier otro Estado, lo que sería gravísimo. El llamado de Maduro nos hace reflexionar, además, sobre el derecho que tenemos los venezolanos de escoger nuestro sistema polito, económico y social y de decidir nuestro destino, sin la imposición de un modelo totalitario rechazado por la mayoría, ni el sometimiento a potencias extranjeras llamadas a regentar nuestra vida política y administrativa.

El ejercicio del derecho a la autodeterminación abre el camino al disfrute pleno de un derecho humano inalienable de origen colectivo, el derecho de los pueblos a vivir en democracia, sistema que conlleva en sí mismo el derecho de elegir libremente nuestro destino como nación.