• Caracas (Venezuela)

Víctor Rodríguez Cedeño

Al instante

Acuerdos y consensos en momentos de transición

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Al lado del indetenible desastre económico que ahoga al venezolano y que coloca al país al borde de una peligrosa confrontación, el régimen de Maduro insiste en detener arbitrariamente a los opositores,  procesarlos políticamente, perseguirlos para amedrentarlos, ejecutando como política sistemática y generalizada la represión de la protesta pacífica y la odiosa práctica de la tortura y otros tratos degradantes y humillantes. Violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos que deben ser consideradas, con prioridad, en cualquier etapa de transición que se planteé para superar la grave situación que atraviesa hoy el país.

El régimen insiste torpemente en desconocer que estamos ante una crisis sin precedentes, para lo cual tuerce la realidad, la maquilla con anuncios y burdas manipulaciones que generan una mayor desconfianza. El país, sin embargo, avanza al margen de la irresponsabilidad del régimen y reclama  un cambio de rumbo, lo que exige acuerdos y consensos nacionales, no solamente dentro de las fuerzas opositoras que muestran a veces discrepancias en cuanto a las estrategias, aunque no en relación con el objetivo común; y, entre éstas y algunos sectores del oficialismo que expresan con sus declaraciones y silencios su claro descontento por el rotundo fracaso del proyecto político que han tratado de imponer por todos los medios.

No se trata solamente de la recuperación económica, del abastecimiento y de la producción, del cambio y de las reservas internacionales, se trata de la libertad y de la dignidad, de la existencia misma de la República. Lo primero viene después, sin duda.

El objetivo común  es encontrar un espacio que permita en un clima de seguridad y confianza recuperar las instituciones y el estado de derecho, en el que resulta prioritario y esencial la aplicación de la justicia y el castigo de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas de esas violaciones y las reparaciones que procedan.

Los acuerdos que se logren para facilitar un periodo de transición deben considerar la reforma de las instituciones, especialmente el Poder Judicial y de los órganos relacionados con la justicia, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo; y de los cuerpos policiales y de seguridad e incluso de las fuerzas armadas. Para ello deben concebirse y ponerse en práctica mecanismos judiciales y extrajudiciales que expresan la justicia transicional, una herramienta útil en épocas de cambio.

La aplicación de la justicia transicional supone que se establezcan, ante todo, comisiones para el establecimiento de los hechos y comisiones de la verdad independientes y autónomas integradas por personalidades nacionales e incluso extranjeras, por políticos, académicos, intelectuales, representantes de las Iglesias; tal como se han constituido en otros países durante o después de crisis graves como la que atraviesa Venezuela en estos momento. Argentina, Chile, El Salvador, Perú son ejemplos importantes.

La erradicación de la impunidad es esencial. Es la base de la confianza. Los responsables de las violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales deben ser enjuiciados y castigados en procesos justos. Los tribunales nacionales tendrán una enorme responsabilidad lo que no excluye que algunos casos sean remitidos a las instancias penales internacionales.

El derecho aplicable y su armonización con el sistema de justicia nacional es quizás, como se ha visto, unos de los mayores retos en este proceso. En este contexto es importante incorporar al derecho interno las normas de derecho internacional reguladoras de crimines internacionales, lo que no se hizo tras la adopción por Venezuela del Estatuto de Roma; aunque sea más con fines preventivos que sancionadores, toda vez que su aplicación no sería posible, dado el carácter irretroactivo de la aplicación de las normas penales. Es por ello que el recurso a los tribunales internacionales es una alternativa muy válida para sancionar determinados crímenes internacionales que los tribunales nacionales, por lo expuesto, no pueden conocer.

Otro aspecto importante en el tratamiento del tema resulta la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que actúa durante y después de un conflicto, aprovechando las debilidades del Estado, en particular el narcotráfico, en el caso de Venezuela, cuyas actividades transnacionales se han intensificado en medio de la crisis que sufre el país en los últimos años. Esta categoría de delitos se expresan en la corrupción y el lavado de dólares, delitos conexos que suponen necesariamente no sólo estrategias internas definidas, sino una cooperación regional e internacional efectiva.

En definitiva, la justicia transicional es una respuesta válida a situaciones de conflicto, en particular, como es el caso de Venezuela, una sociedad lamentablemente fracturada, víctima de políticas excluyentes. Ella  permitirá el adecuado tránsito irreversible hacia la reconciliación, la normalización de la democracia y su afianzamiento, lo que solamente puede generar la confianza requerida que permita estabilidad y desarrollo económico y social justo y equitativo, sin exclusión.