• Caracas (Venezuela)

Víctor Molina Valladares

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Día Nacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

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La sociedad civil venezolana y en especial las organizaciones, nacionales e internacionales, que trabajan a favor de los derechos humanos en el país, celebran que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela haya decretado el 17 de mayo como Día Nacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Se trata de una gran victoria y un importante paso adelante que debe apuntar a mayores avances para que Venezuela deje de ser un país atrasado en el terreno legislativo y se ponga a la par de sus vecinos continentales en esta materia, como Colombia, Chile y Argentina.

Por ejemplo, es especialmente preocupante la situación de las personas trans en Venezuela al no contar con el reconocimiento legal de su identidad de género. Una persona trans al momento de presentar su cédula de identidad para realizar cualquier cosa, desde comprar alimentos hasta acceder a los servicios de salud y educación disponibles, está altamente expuesta a sufrir discriminación, malos tratos y negación de derechos. Organizaciones que trabajan específicamente con mujeres trans denuncian una y otra vez, tal y como se ve reflejado en medios de comunicación, agresiones y extorsiones por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad, llegando con frecuencia a ser asesinadas. Según cifras actualizadas de este año de Transgender Europe, Venezuela está entre los países que encabezan la lista de asesinatos de personas trans.

En Suramérica, por no hablar del resto del mundo, solo no reconocen el cambio de identidad de género Venezuela, Paraguay, Surinam y Guyana –estos últimos dos países se caracterizan por contar con unos marcos legales muy arcaicos, cercanos a los de los países africanos, así que nunca mejor utilizada la palabra “últimos”–. Desde hace años que Europa, América del Norte y buena parte de Asia (incluyendo países musulmanes como Turquía, Pakistán e Indonesia) están al día en este aspecto. Hasta Cuba lo reconoce.

Amnistía Internacional ha llamado a la Asamblea Nacional, desde el momento de su proclamación, a tomar medidas urgentes para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas y en especial de los sectores más vulnerables y tradicionalmente marginados de la sociedad, como las personas de escasos recursos, mujeres, infantes, pueblos indígenas, y también de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Los grandes retos que enfrenta el país no son una excusa para no hacerlo.

Aprobar una Ley de Identidad de Género no le quita absolutamente nada al país; de hecho no tiene ningún costo, no es incompatible con la recuperación económica e institucional, o con el combate de la violencia armada. En cambio sí tiene mucho que ofrecer. Se trata de una magnífica oportunidad de crear puentes y vías de diálogo entre los actores y autoridades que hoy protagonizan la actualidad política venezolana, que parece estar seriamente estancada en varios sentidos. A la Asamblea Nacional no le tomaría más que un par de tardes sancionar una Ley de Identidad de Género. Ni siquiera hay que redactar puesto que leyes que permiten el cambio legal de género hay docenas que pueden ser utilizadas como modelo.

Venezuela tiene una deuda histórica con las personas gays, bisexuales, transexuales e intersexuales que es muy fácil empezar a subsanar. Por supuesto que acabar con la discriminación y la marginación de esta importante comunidad que representa en todo el mundo alrededor de 10% de la población –por lo que estamos hablando de millones de personas solamente en el país– requiere de políticas públicas integrales y de largo plazo; sin embargo, los avances legislativos solo requieren de un “aprobado” y su impacto será provechoso e inmediato. Este tipo de decisiones son las que más serán recordadas de una manera positiva por la historia y somos la generación capaz de realizar el cambio.