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Robert De Niro genera polémica por inversión millonaria en Antigua y Barbuda

Robert de Niro / EFE

Robert de Niro | EFE

El actor busca junto al inversor James Packer convertir en un hotel exclusivo las instalaciones del K-Club, un lugar de vacaciones que era frecuentemente visitado por la fallecida princesa Lady Di

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En la isla caribeña de Barbuda ha generado controversia la aprobación de una propuesta de inversión de 250 millones de dólares por parte del actor Robert De Niro y el inversor James Packer para renovar el hotel K-Club, visitado por Lady Di, y convertirlo en un complejo turístico de lujo.

Según explica hoy el Consulado General de Antigua y Barbuda en Nueva York en su cuenta de Twitter, De Niro y Packer buscan convertir en un hotel exclusivo las instalaciones del K-Club, un lugar de vacaciones que era frecuentemente visitado por la fallecida princesa.

La pasada semana tuvo lugar una votación popular en la que 206 personas votaron a favor del proyecto, mientras que 175 se manifestaron en contra.

El hecho de que los participantes no llegaran a ser ni la mitad de la población de Barbuda, que cuenta con unos 1.400 habitantes, ha generado gran controversia, según recoge el diario local The Daily Observer.

La propuesta de De Niro y Packer fue presentada en noviembre pasado ante el gobierno de Antigua y Barbuda.

En aquel entonces, el primer ministro, Gaston Browne, recordó que el actor estadounidense es un asiduo visitante del territorio caribeño y lo designó como enviado económico especial de su país, con el objetivo de atraer más inversiones a las dos pequeñas islas caribeñas.

El partido opositor Movimiento del Pueblo de Barbuda había pedido a los residentes que votaran en contra de la propuesta millonaria denunciando que con la aceptación, se concederían cerca de 102 hectáreas de terreno a los inversionistas por los próximos 200 años.

Según el partido, ello violaría la ley de Tierras de Barbuda, que establece que las tierras de la isla deben pertenecer a sus nacionales.

Sin embargo, la legislación estipula que todo gran desarrollo en los terrenos puede realizarse con el consentimiento del gabinete de gobierno, el Consejo y el aval del pueblo.