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Thays Peñalver

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Thays Peñalver

EL NACIONAL y el fusilamiento de los medios

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“Cometí el error de dedicar la primera parte de mi vida a proteger a un hombre que admiraba” remata un teniente coronel, ex jefe de avanzada de la seguridad de Fidel Castro, quien fuera uno de sus mayores jefes de protección. Juan Reinaldo Sánchez es un hombre que hoy desnuda los vicios de la revolución cubana en su libro y deja muy clara su profunda decepción, no solo por la ingratitud de Fidel hacia quienes le sirvieron a lo largo de su vida, sino por la traición del viejo revolucionario “a la esperanza de millones de cubanos”.

El jefe de escoltas de Castro expresa su desencanto con la revolución cubana: “En 1989 yo oigo una conversación entre Fidel y el ministro del Interior. Fidel está autorizando una estancia en Cuba para un lanchero, un narcotraficante cubano-americano. Entonces yo llego a la conclusión de que es Castro quien está dirigiendo el tráfico de drogas, algo que siempre había negado diciendo que era una maniobra del imperialismo. A mí se me derrumbó del pedestal en el que le tenía, porque me di cuenta de que estaba protegiendo a un narcotraficante (...) me sentí humillado, engañado, traicionado (...) Yo también, como el pueblo cubano, creía que era una maniobra imperialista. Todo se me vino abajo”.

Esta información, que emanó de una defección en su momento, terminó publicada por toda la prensa mundial, desde la Fox o la BBC, pasando por The Guardian o el Daily Mail, hasta los periódicos franceses, los alemanes o españoles, entre ellos el ABC, por cierto, sin que la noticia infiriera una arremetida del régimen cubano contra tales periódicos, con la excepción de las acostumbradas embestidas verbales sobre la componenda capitalista contra Fidel Castro. 

Todo terminó cuando el gobierno cubano, al verse descubierto ante el mundo, finalmente reconoció lo inevitable: “Por primera vez nos hemos visto verdaderamente afectados por el tráfico de drogas, por primera vez aparecen funcionarios cubanos implicados en el mismo, a pesar de la fortaleza de nuestro proceso revolucionario, de la solidez de nuestro Estado socialista y la pureza de nuestra sociedad” (Granma 18/01/1989) y ante el peso, cada vez mayor, de las evidencias en los tribunales estadounidenses Fidel Castro, quien había utilizado hasta el cansancio la excusa de las intrigas imperialistas para ocultar sus negocios con el narcotráfico, tuvo que lavar en público los trapos sucios y anunciar que por lo menos cinco militares y altos funcionarios cubanos habían sido arrestados por sus actividades de apoyo al tráfico de drogas. A Fidel no le tembló el pulso a la hora de sacrificar a sus cómplices, a cambio de quedar bien con el mundo.

A Fidel Castro no le cabía demanda alguna, porque en democracia y en un Estado de Derecho, los periódicos están para informar. Se llaman “medios de comunicación” porque son eso, “medios”. Estar en el medio es precisamente contar la noticia entre alguien o algo que la cuenta y quien la quiere leer o escuchar. En democracia, la doctrina hartamente probada, es que un medio no puede ser juzgado salvo por incurrir en “malicia real” que significa que el medio publicó la noticia “a sabiendas de que era falsa”  o cuando exista una “temeraria despreocupación acerca de la verdad o falsedad” de dicha información.

Con relación a El Nacional, que es el caso que nos ocupa hoy, tenemos ejemplos concretos que podrían incluirlo en la categoría de un gran medio imparcial, recordemos por ejemplo cuando se publicó que un alto funcionario del chavismo dijo lo siguiente (Pedro): “Carreño: Primero Justicia está ligado con la prostitución y el narcotráfico”, refiriéndose al partido político Primero Justicia (14/08/13). Permítanme explicarles, esa noticia es un asunto entre Carreño y Primero Justicia por más desacuerdo que este último pudiera tener con lo publicado. O este otro caso, cuando El Nacional reseña: “El oficialismo acusa a Capriles de financiarse con prostitución y narcotráfico”. Otro ejemplo ocurrió en una oportunidad en la que en el principal canal del Estado afirmaron: “La oposición recibe dinero proveniente del narcotráfico” (16/18/2012). En un programa del mismo canal pudimos ver: “Acusan a María Corina Machado de pertenecer a una red de narcotráfico” (06/11/2013) mientras que en el sistema de emisoras de radio públicas controladas por el gobierno se ha transmitido a un alto militar, quien sin presentar evidencia alguna anunció: “Sectores ligados al narcotráfico internacional financian a factores políticos de oposición para mantener los focos de violencia en el país” (04/04/14).

¿Ante semejantes acusaciones cuál debería ser la reacción de un político? Considero que como reaccionaron los dirigentes de la oposición fue la correcta. Julio Borges salió de inmediato en defensa de su partido Primero Justicia respondiendo: “Es un honor para nosotros que este gobierno podrido nos tenga en el centro de sus ataques”. Capriles, líder de ese partido, desestimó las acusaciones al igual que María Corina Machado cuando fue incriminada de lo mismo, o de la forma como contestaron los representantes de la MUD cuando funcionarios chavistas atribuyeron a la oposición ser jefes del narcotráfico. ¿Cómo responde un buen político a las absurdas acusaciones? Como lo hizo el expresidente Calderón cuando desde el gobierno infirieron que venía pagado: “Que vengo pagado por el narcotráfico es un chiste” (26/01/15). O como contestó el expresidente Pastrana al ser acusado por Maduro de haber sido financiado por el narcotráfico: “El paisano –en clara y directa alusión sobre su nacionalidad– presidente Maduro (...) confundió los nombres. El expresidente de Colombia que fue financiado por el narcotráfico, se llama Ernesto Samper”.  

¿Cómo respondió una revolución cuando el segundo hombre del régimen fue acusado por uno de los suyos de ser el jefe nada menos que “del Cartel de La Habana”? Pues, tras la exposición mundial y el peso de las noticias, se acabó con la retórica de la “conspiración imperialista”, Fidel Castro mandó a investigar, confesó públicamente el enorme problema y un grupo de generales fueron fusilados y otros condenados a la cárcel o retirados del servicio. ¿Cómo debe responder el Estado democrático frente una afirmación parecida? Investigando, demostrando con pruebas legítimas y procesando la denuncia bajo el amparo de los derechos constitucionales.

Pero negarse a investigar y de inmediato llevar al paredón a los directivos de los medios que publicaron la noticia, proveniente además de un periódico extranjero, para fusilar a los medios de comunicación independientes por difundir algo que los medios oficiales han hecho hasta el cansancio, además de ser muy sospechoso, es el más grande atentado que ha sufrido la libertad de expresión en Venezuela.

 

@thayspenalver