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Autorizan a Kim Dotcom a pedir documentos gubernamentales

Kim Dotcom | AP

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Un tribunal de Nueva Zelanda autorizó al fundador de Megaupload" a pedir documentos gubernamentales como prueba en su demanda contra la Policía y los servicios de inteligencia del país oceánico

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Un tribunal de Nueva Zelanda autorizó hoy al empresario informático alemán Kim Dotcom, fundador del portal "Megaupload", a pedir documentos gubernamentales como prueba en su demanda contra la Policía y los servicios de inteligencia del país oceánico, informó la prensa local.

Dotcom reclama una indemnización de unos 5,1 millones de dólares (3,8 millones de euros) por la redada en su mansión en las afueras de Auckland organizada por el FBI en enero de 2012, en una operación contra la piratería informática.

La juez autorizó a Dotcom a pedir varios documentos descubiertos recientemente en posesión de la Policía, los servicios secretos y la oficina del Primer Ministro, según Radio New Zeland.

En el fallo, la magistrada indicó que el permiso es valido únicamente para el caso de la indemnización pero no para el de extradición a Estados Unidos que el informático también tiene pendiente.

La juez también autorizó a Dotcom a pedir las notas que elaboró el periodista David Fisher para la publicación de un libro sobre el caso del informático en 2013.

Dotcom fue detenido en enero de 2012 junto a sus tres socios en el operativo en su mansión que incluyó la confiscación de sus bienes, el cierre de "Megaupload" y la congelación de sus cuentas, así como otras detenciones en Europa.

Aunque el empresario informático y sus tres socios obtuvieron poco después la libertad condicional no se han librado de una complicada batalla legal en Nueva Zelanda de cara a su posible extradición a Estados Unidos.

Este proceso legal para extraditarlo, que tiene varias ramificaciones y fue salpicado por un escándalo de espionaje ilegal a Dotcom, ha sido aplazado varias veces desde 2012 y se espera que se inicie en julio próximo.

A "Megaupload" se le atribuye haber causado más de 500 millones de dólares en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares.