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60,8% no vincula a paramilitares con el delito organizado en el país

Más de la mitad de los encuestados reconoció haber sido víctima de robo o hurto | Foto Archivo El Nacional

Más de la mitad de los encuestados reconoció haber sido víctima de robo o hurto | Foto Archivo El Nacional

Crece el número de personas que ve fácil adquirir armas de fuego, drogas o contratar a un sicario

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El discurso gubernamental que responsabiliza a supuestos grupos paramilitares con el crimen organizado en el país no goza de credibilidad en la población, a juzgar por los últimos resultados de un estudio de alcance nacional.

La segunda encuesta nacional sobre delito organizado revela que 60,8% de los entrevistados no cree que los llamados paramilitares sean actores importantes en esas actividades ilegales. La gente, por el contrario, responsabiliza mayoritariamente a las bandas (50,7%), a los líderes de los presos o “pranes” (49,5%) y a los colectivos armados (43,7%).El sondeo se llevó a cabo justo en los días previos al cierre de la frontera con Colombia, luego de un ataque atribuido a paramilitares por el Presidente y miembros de su gabinete.

Los resultados del estudio fueron presentados por los sociólogos Roberto Briceño León, Luis Cedeño y el experto en estadística Alberto Camardiel. Según Briceño, existe casi un consenso en la población en cuanto a que las restricciones implantadas a los distintos mercados han generado oportunidades para el delito organizado. Por ejemplo, 70,4% de los entrevistados afirmó que el control cambiario favorece el mercado negro de divisas; 66,8% señaló que el control de precios propicia el “bachaqueo”, y que el contrabando de gasolina es estimulado por sus bajos precios (62,9%).

“Los entrevistados perciben que las medidas económicas del gobierno nacional y el empobrecimiento favorecen la existencia y sostenibilidad del delito organizado”, afirmó.

De los encuestados, 73,7% sostuvo además que la entrega de dólares preferenciales ha estimulado la corrupción.


Autoridades cómplices. El estudio pone de relieve la opinión mayoritaria sobre la aparente vinculación entre los miembros de los cuerpos de seguridad y algunas actividades de delito organizado.

Por ejemplo, 62% expresó la creencia de que los militares están involucrados en el tráfico de drogas. En la primera encuesta, hecha en 2013, 52% respondió en ese mismo sentido.

De igual forma, 65,9% se mostró de acuerdo con la afirmación de que los militares y policías venden armas al delito organizado. 62,6% afirmó que el Ejecutivo promueve a los colectivos, y 61,9% que el Gobierno entregó a los presos el control de las cárceles.

Según Briceño, esos son ejemplos de cómo la gente común percibe la pérdida de autoridad por parte de las instituciones del Estado, y de que los agentes de seguridad son vistos en ocasiones como parte del problema.

Una de las primeras consecuencias es la creciente desconfianza sobre la capacidad de estos organismos para combatir a las mafias. 81,1% consideró “muy peligroso” hacer alguna denuncia contra esos grupos; 76,7% valora de la misma manera cualquier cooperación con las policías, y 58,8% cree que el propio gobierno ha debilitado a los cuerpos de investigación.

Victimizados. Briceño indicó que la extensión del delito organizado ha sido uno de los factores que ha elevado la criminalidad en el país hasta convertirlo en el segundo más violento del mundo, solo superado por Honduras.

Eso se reflejaría en el incremento de los delitos contra la propiedad: 50,5% de los encuestados admitió que ha sido víctima directa de robo o hurto durante el último año, y 43,5% afirmó que lo mismo le ocurrió a alguna persona cercana.

Los encuestados además no creen en la efectividad de los planes de desarme. 58% calificó como fácil adquirir un arma en la comunidad.

En la encuesta anterior, esta respuesta tuvo 42%. Igualmente, la mitad de los encuestados cree sencillo contratar un sicario, y 64% ve en los mismos términos la adquisición de drogas ilegales.

En los hogares
La segunda encuesta sobre delito organizado fue financiada por la Unión Europea y llevada a cabo en el país por una alianza entre el Observatorio del Delito Organizado, el Laboratorio de Ciencias Sociales y la asociación civil Paz Activa. El trabajo de campo se desarrolló entre el 17 de julio y el 23 de agosto. El país fue dividido en siete regiones, y en cada una fueron abordados 500 hogares. En cada hogar se llevó a cabo una entrevista. Todos los entrevistados tenían como mínimo 17 años de edad, y la mitad de la muestra fue de sexo femenino.