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Las víctimas de tortura no son atendidas por el Estado

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Liliana Ortega, directora de Cofavic, recordó que los tratos crueles e inhumanos son delitos que no prescriben

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"En Venezuela no se maltrata a las personas que son privadas de libertad", sentenció en días pasados la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Pero al hacer esa afirmación tal vez la funcionaria olvidó que en el último mes el acontecer venezolano se estremeció con las imágenes de los reclusos de la Ciudad Penitenciaria de Coro que fueron maltratados por la Guardia Nacional Bolivariana, o las imágenes y los testimonios de los estudiantes detenidos en Lara y Carabobo y sometidos a tratos crueles e inhumanos en los comandos militares.

"Me golpearon en el estómago, en la nuca. Eso fue a los ojos de todo el destacamento y de todos los detenidos", contó Carlos Doubront, hijo del fallecido general de división de la Guardia Nacional Rafael Doubront, que se graduó en la misma promoción que Hugo Chávez.

Al joven, que fue detenido durante las protestas contra los resultados de las elecciones del 14 de abril anunciados por el CNE, lo arrodillaron en medio del patio del Destacamento Nº 47 de la Guardia Nacional de Barquisimeto, lo golpearon y le gritaron que seguramente su padre se estaba revolcando en la tumba porque él era una deshonra.

Doubront fue detenido cuando iba a buscar su moto luego de haber participado en la marcha que llegó hasta las oficinas del CNE en la capital larense.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la tortura "es infligir intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión, o de castigarla, intimidarla o coaccionarla".

Además, en la Constitución nacional se establece en el artículo 46: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

Delito imprescriptible. Liliana Ortega, directora general de la ONG Cofavic, señaló que la obligación de los organismos del Estado cuando se está en presencia de presuntos hechos de torturas, que constituyen una violación de los derechos humanos, es no emitir juicio u opinión adelantada, porque configura una violación al debido proceso y porque tiene un efecto inhibitorio en las víctimas.

"Lo que hemos podido observar es que en los estados Carabobo y Lara hay una especie de sensación de desamparo por parte de las víctimas y desconfianza en las autoridades y evidentemente eso está ligado a esa política del Estado venezolano, que antes de que los hechos sean investigados de manera transparente, emite un juicio llevado por la situación política", expresó Ortega.

Ortega considera que un aspecto importante es que sean las víctimas las que estén dispuestas a denunciar los hechos, pues el silencio las convierte en cómplices de la impunidad en el país. "A pesar del desaliento, se deben documentar las situaciones, es necesario que la sociedad rechace esta especie de política de Estado de dividir a víctimas entre buenas y malas porque todos merecemos justicia. En Venezuela se ha implementado este patrón de que unas víctimas sí merecen justicia y otras no son reconocidas como parte de la coyuntura política, y eso no puede ser permitido por la sociedad porque el problema con la violencia política es que se sabe cuando comienza, pero no cuándo termina", comentó la experta.

Daños físicos y psicológicos. Los jóvenes que estuvieron detenidos la semana pasada en el Comando Regional Nº 2 de la Guardia Nacional en Valencia, estado Carabobo, también fueron vejados, aseveró el abogado Carlos Granadillo, que representó en tribunales a muchos de ellos.

"A las muchachas las amenazaban con que las violarían. A una muchacha que tenía uñas postizas con la bandera nacional se las mandaron a quitar, y a otra que tenía el período no le permitieron que le pasaran toallas sanitarias", señaló Granadillo.

A 5 de los 44 jóvenes que estuvieron privados de libertad en la sede de la Policía de Barinas los colocaron con presos comunes, indicó la abogada Lucía Quintero. "Los obligaban a decir que Maduro era su presidente, y al que se negaba lo golpeaban", contó.

Estos son apenas algunos de los casos conocidos.