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El Estado debe retomar control en barrios para frenar la criminalidad

A juicio de San Miguel las alcabalas móviles con militares no resuelven el problema de fondo | FOTO WILLIAMS MARRERO

A juicio de San Miguel las alcabalas móviles con militares no resuelven el problema de fondo | FOTO WILLIAMS MARRERO

La ausencia policial en barriadas dio paso a microestados gobernados por bandas de delincuentes que han adoptado la figura de las “zonas de paz” para declararle la guerra a los cuerpos de seguridad

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Una ráfaga de disparos que se escucha en los barrios que bordean el Cementerio General del Sur no inmuta al personal de mantenimiento, familiares de difuntos, ni a los funcionarios de Policaracas que están de guardia en el camposanto. Son las 11:30 am de un miércoles y para uno de los oficiales de turno la situación se trata solo de “un café en la mañana” en una jornada de 24 horas.

“Las balas no tienen horario en esos barrios que fueron declarados zonas de paz entre los delincuentes. A ellos como que les regalan las balas. Nosotros no tenemos alcance para defendernos cuando las bandas nos atacan. Si cualquier compañero de nosotros se asoma a esos lugares le lanzan una granada”.

El abandono de los barrios por la policía los ha convertido en microestados gobernados por grupos armados, colectivos y delincuentes. Las llamadas “zonas de paz” han abonado el terreno y se convirtieron en trinchera delictiva para enfrentar a la policía.

Por décadas en sectores como el 23 de Enero y El Guarataro han funcionado “paraestados” al mando de colectivos. Con la supresión de la Policía Metropolitana, en 2011, el desplazamiento de los cuerpos de seguridad se extendió a otros sectores. En el proceso de supresión, gran parte de la infraestructura que tuvo el organismo en barriadas se perdió. Las sedes de 11 delegaciones, por lo menos, (zonas, distritos y módulos) en sectores populares como Kennedy, Ruiz Pineda, La Cañada, Caño Amarillo, Los Mangos de La Vega, San Martín, Pérez Bonalde o Lídice están invadidas o fueron tomadas para otras actividades. Entre esos inmuebles está la Comandancia General del cuerpo, ubicada en un terreno de 20.000 metros cuadrados en Cotiza, que está en manos del colectivo Frente 5 de Marzo.

En otras áreas de la ciudad los territorios son controlados por delincuentes que, en un pacto de no agresión entre bandas, declararon sus espacios como “zonas de paz”, como el programa gubernamental para la reinserción de delincuentes que ha impulsado José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Asuntos para la Paz, pero que en la práctica ha convertido ciertos sectores en zonas libres de policías.

Ocurre en el sur de la ciudad, en los barrios de El Valle, la Cota 905 y de El Cementerio que se comunican a través de una trocha ubicada en las Torres de La Vega. “Tenemos órdenes de resguardo de nuestros superiores; sabemos que los barrios de El Valle son zonas de paz y, además, por nuestra seguridad no queremos medir nuestras fuerzas con pistolas contra los fusiles que el hampa tiene, porque con el pacto de no agresión entre bandas han logrado fuerza política entre ellos. En el ámbito operativo también estamos en desventaja porque como no podemos subir a la parte alta, enviaron a la mitad del personal a otras sedes”, dijo un funcionario de Policaracas.

En el este de Caracas se desarrolla un fenómeno similar: en los barrios 24 de Marzo y Bolívar de Petare, donde también se habrían pactado acuerdos entre bandas que mantienen a raya a los cuerpos de seguridad. En el municipio Sucre la policía ha reducido su operatividad y patrullaje, debido a los constantes ataques que han recibido los agentes. Un funcionario de la Policía Municipal dijo que tuvieron que suspender los operativos de “puntos calientes” que hacían por 10 minutos en esos barrios y en La Dolorita, La Bombilla, José Félix Ribas y en Carpintero. “Esos puntos calientes, que en algún momento sirvieron para prevenir el delito, son inoperativos y nos exponen como blanco fácil de la delincuencia”, expresó.

 

Intervención necesaria. Mientras en los barrios se ha recrudecido la violencia y la ley es impuesta por bandas delictivas, desde los primeros meses del año el Estado ha respondido militarizando vías de El Paraíso, Montalbán, Los Chaguaramos, Santa Mónica, Plaza Venezuela, Palo Verde y Los Palos Grandes, lo que no ha servido para contener la delincuencia en los sectores populares, de acuerdo con especialistas en materia de seguridad ciudadana.

En Santa Mónica, a la altura de la entrada de la autopista, una alcabala de seis funcionarios de la Guardia del Pueblo que exhiben sus armas largas al igual que los guardias nacionales, está ubicada desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm para supervisar los vehículos que transitan por la zona. En las noches se colocan en las adyacencias de Crema Paraíso. “Aquí estamos atendiendo las denuncias que los vecinos hacen de los robos cometidos por los motorizados”, dijo un funcionario.

El abogado y criminólogo Luis Izquiel considera que es necesaria una intervención policial en los barrios de Caracas, como se hizo en las favelas de Brasil para controlar la criminalidad en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.

“No existen estaciones de policías en los sectores populares para brindar seguridad a los ciudadanos y el Estado no ha establecido como prioridad que las policías estén en los barrios. Si el gobierno de Lula da Silva, que también es de izquierda, pudo intervenir con el apoyo de las Unidades de Policías Pacificadoras durante tres meses las favelas de Brasil que estaban dominadas por el narcotráfico en 2010, en Venezuela pudiera hacerse lo mismo sin necesidad de intervenir los barrios con militares. Pero no hay voluntad política”, señaló Izquiel.

El criminólogo explicó que aunque las Unidades de Policías Pacificadoras pertenecen a las Fuerzas Armadas de Brasil, la formación de esos funcionarios es policial y no militar, y agregó que luego de esa incursión del Estado pudieron establecerse módulos policiales que en la actualidad ofrecen servicios de salud y comunitarios a los habitantes de esos sectores. La institucionalidad volvió al barrio.

“En Venezuela es necesario que el Estado penetre en los sectores populares y que se vuelvan a establecer grandes estaciones policiales porque es donde se origina la mayor incidencia delictiva. La policía que entraba a los barrios era la PM y fue eliminada. Pero con la realidad política actual no veo viable una intervención porque pareciera que el gobierno busca aliarse con algunos delincuentes”, dijo.

La estrategia de desplegar funcionarios de la Guardia del Pueblo y de la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad no resuelve la raíz del problema, señala Izquiel. En lo que va de año han sido asesinadas2.473 personas en Caracas; la cifra supera las muertes registradas de enero a finales de junio de 2014.

La militarización no mejora la seguridad ciudadana

El grado de militarización en un país es uno de los 23 indicadores que Índice Global de Paz toma en cuenta para clasificar a las naciones por su grado de violencia. Este año Venezuela quedó entre los tres países más violentos de Suramérica, reveló el estudio difundido esta semana.

Desde hace tres semanas en Caracas se instalaron alcabalas con funcionarios de la Guardia del Pueblo en Santa Mónica y Los Chaguaramos, que complementan los puntos que militares de la GNB tienen en otras zonas.

Rocío San Miguel, directora de la asociación civil Control Ciudadano, considera que se trata de una estrategia para combatir el recrudecimiento de la criminalidad, pero le preocupa que se militarice la seguridad ciudadana, un proceso que viene ocurriendo desde hace varios años.

“La militarización para frenar la criminalidad y aplacar el clamor de los ciudadanos no es lo ideal porque las Fuerzas Armadas, en sus cuatro componentes, están formadas para la guerra. Hay toda una lógica que pareciera interesada en calmar el repunte vertiginoso de la criminalidad, pues en los últimos meses las bandas criminales han recrudecido sus métodos y han mostrado su poder”, dijo la especialista en derechos humanos.

A juicio de San Miguel las alcabalas móviles con militares no resuelven el problema de fondo, ni cumplen con los estándares de la Organización de Naciones Unidas ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Me temo que será una experiencia que no tendrá continuidad ni resultados efectivos, tal y como pasó con los cuadrantes de seguridad y eso no permite hacer seguimiento ni evaluación de políticas públicas porque cuando otras comunidades soliciten seguridad, los funcionarios serán reubicados. Además, por la posición de las alcabalas pareciera que pretenden reforzar la seguridad en los accesos y salidas de la Comandancia de la GNB, del Sebin y de Fuerte Tiuna”, resaltó.

A finales de mayo el Ministerio de la Defensa emitió una norma para regular el uso de los militares en funciones de policía preventiva, de investigación penal y en control del orden interno. Una de las medidas más controversiales tiene que ver con la participación de todos los componentes, incluidas la Milicia Bolivariana, en actividades de seguridad ciudadana.

Ataques barrio adentro

-El 5 de junio siete funcionarios de Policaracas resultaron heridos en el procedimiento realizado en la Cota 905 y nueve motocicletas fueron quemadas con el estallido de dos granadas.

-El 13 de junio una comisión de la División de Investigaciones de Polisucre fue atacada con una granada en la parte alta del barrio San José, en Petare.

-El 14 de junio un funcionario de Policaracas fue asesinado de múltiples tiros y quemado junto con un amigo en el sector El Observatorio de 23 de Enero cuando fue a la parroquia a rescatar un vehículo robado.