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1.031 reos han muerto en cárceles con protección

El relator para las personas privadas de libertad, James Cavallaro, reiteró su deseo de visitar el país

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Desde 2006, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a dictar medidas de protección para garantizar la vida y la integridad de los presos en 9 cárceles del país, han ocurrido 1.031 muertes en esos centros de reclusión. Así lo precisó el Observatorio Venezolano de Prisiones en la audiencia que se llevó a cabo ayer en la sede del máximo tribunal hemisférico, en San José de Costa Rica.

Las autoridades venezolanas debían rendir cuentas sobre las medidas que han tomado para detener la violencia en las cárceles protegidas. La representación del Estado estuvo a cargo de Mariely Valdez, viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales del Ministerio del Servicio Penitenciario, quien dijo, en forma genérica: “Se ha reducido de manera muy elevada la violencia carcelaria; esto es un logro importante de nuestro gobierno”.

Valdez aseguró que las políticas del ministerio, luego de tres años de fundado, “han permitido tomar control de 80% de las cárceles masculinas y de la totalidad de los centros femeninos y de menores de edad”. Sobre esa base pidió a la Corte Interamericana el levantamiento de las medidas de protección.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, llamó la atención de los jueces: “El cabal cumplimiento de las medidas de protección implicaba que no muriera ni un solo preso más en las cárceles protegidas. Muy por el contrario, la situación en esas 9 prisiones se ha agravado. De los 150 reclusos fallecidos durante el primer semestre de 2014, 70 estaban en esas cárceles”.

Los establecimientos penitenciarios protegidos son los siguientes: La Pica, Rodeo I y II, Yare I y II, Uribana, Tocorón, Vista Hermosa y el Centro Penitenciario de la Región Andina.

En la audiencia de ayer participó el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las personas privadas de libertad, James Cavallaro, quien se opuso al levantamiento de las medidas de protección requerido por el Estado venezolano, en vista de que la crisis penitenciaria en Venezuela, lejos de solucionarse, se ha agravado. Cavallaro aprovechó su encuentro con las autoridades venezolanas para solicitarles autorización para visitar las cárceles del país, pero no obtuvo respuesta de Germán Saltrón, jefe de la delegación estatal. El gobierno ha cerrado el paso a todos los mecanismos de escrutinio internacional en materia de derechos humanos.