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“No nos pueden venir a matar con el cuento del paramilitarismo”

Funcionarios del Sebin permanecen patrullando el sector La Esperanza | FOTO: William Marreo

Funcionarios del Sebin permanecen patrullando el sector La Esperanza | FOTO: William Marreo

Provea ha recibido 34 denuncias: allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, maltratos físicos y verbales, y hurtos

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Al final de la vía asfaltada, el sábado 18 de julio se instaló un piquete de funcionarios del Sebin con armas largas y los rostros cubiertos con pasamontañas. Es la única entrada y salida del lugar, de modo que los agentes de la policía política mantenían encajonados a los habitantes del sector La Esperanza, un asentamiento ubicado en un empinadísimo trecho de tierra, en lo más alto de la Cota 905. Allí viven aterrorizados por la amenaza de una nueva razzia policial-militar, como la que hace una semana concluyó en 16 muertos y 134 detenciones.

La gente del lugar solo accedió a salir de sus precarias viviendas luego del llamado del dirigente comunitario Raúl Ortuño, quien anunció la presencia de periodistas y activistas de Provea dispuestos a escuchar sus testimonios.

Berta Cervantes es una de las que se muestra más vulnerable. Tiene 34 años de edad y cargaba con cinco niños, dos de ellos con parálisis cerebral.  “Nosotros vivimos aquí desde hace nueve años y nuestros únicos delitos son ser pobres y colombianos. Por ambas cosas hemos sido maltratados, hasta el extremo de lo que pasó el lunes. Eran como las 5:30 de la mañana, estábamos durmiendo y los policías llegaron tumbando la puerta. Sacaron a mi esposo a empujones y por el solo hecho de ser colombiano se lo llevaron. Igual pasó con mi cuñado, que también es colombiano y vive en la casa de al lado. No nos pueden venir a matar con el cuento del paramilitarismo”.

La mujer aseguró que ni siquiera sabe dónde están detenidos sus familiares (cuyos nombres prefirió no revelar) y teme que sean deportados, como lo anunció el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Yahir Muñoz: “Yo no sé qué voy a hacer si me quedo sola aquí en Venezuela con mis hijos”.

Ortuño, organizador del consejo comunal Los Guerreros de La Esperanza, indicó que no es la primera vez que los residentes del sector son estigmatizados como paramilitares colombianos: “Hemos consignado ante diversas autoridades estatales los datos de todas las personas que viven aquí, sobre todo porque sabemos que es una zona de alto riesgo y necesitamos mejores viviendas. El gobierno sabe quiénes somos desde hace mucho tiempo, quiénes son colombianos y quiénes son venezolanos, y sabe que aquí no hay paramilitares. Incluso una vez logramos que Freddy Bernal, cuando era alcalde, subiera hasta acá. De aquí de La Esperanza, tenemos cinco vecinos colombianos presos y, de nuevo, el invento de que son paramilitares”.

Entre otros afectados por la alegada ligereza xenofóbica gubernamental, de la cual se ha hecho eco el presidente Nicolás Maduro, están Zenit Rojas, de 40 años de edad, y sus dos hijos, Luis Afonso, de 16 años,  y Luis Alberto Roa Rojas, de 18 años de edad, que permanecen detenidos en la sede del Saime de la avenida Baralt. Alfonso Roa dijo que siete funcionarios armados, algunos encapuchados, irrumpieron en el rancho de tablas donde viven y detuvieron a los dos jóvenes: “Empezaron a golpear a mis hijos, y mi esposa y yo se lo reclamamos, pero fue inútil: seguían golpeándolos. Cuando mi esposa llegó al Saime, también la dejaron detenida”. 

A las 4:15 pm, los funcionarios del Sebin que vigilaban la zona se aproximaron hasta donde los activistas de Provea estaban recibiendo denuncias. En ese momento, volvió a cundir el miedo. Pero Lisney Bermúdez, otra dirigente comunitaria, instó a todos a permanecer firmes: “Mantengámonos unidos y organizados, porque si no, nos van a seguir atropellando!”   

Provea recibió 34 denuncias

En el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, Provea recibió 22 denuncias de atropellos policiales. Inti Rodríguez, representante de la ONG, explicó que en todos los casos se repitieron los mismos excesos: allanamientos ilegales sin orden judicial ni presencia de representantes del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, detenciones arbitrarias, maltratos físicos y verbales, y hurtos en viviendas.

En días previos, Provea había documentado otros 12 casos para un total de 34. Rodríguez dijo que el propósito es contribuir con las investigaciones que debe realizar la Fiscalía para verificar o descartar los abusos y, en caso positivo, identificar a los responsables y aplicarles las sanciones correspondientes. El activista destacó que, por lo pronto, está suficientemente demostrado que muchos funcionarios actuaron y actúan con los rostros cubiertos, lo cual constituye una irregularidad.

“Aspiramos a que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, llegue hasta esas zonas intrincadas de la Cota 905 que fueron tomadas policial y militarmente el lunes pasado, de modo que pueda constatar personalmente los atropellos denunciados por los vecinos”, insistió Inti Rodríguez.