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No hay policías para custodia de víctimas y testigos

Las medidas de protección son onerosas para los cuerpos policiales / William Dumont

Las medidas de protección son onerosas para los cuerpos policiales / William Dumont

Polimiranda y Polibaruta destinan 72 agentes tan sólo en apostamientos. La protección se hace con circuitos de patrullaje

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El asesinato de una mujer, el sábado 24, que debía tener custodia policial pone de relieve la imposibilidad de los cuerpos de seguridad para cumplir de manera efectiva con los mandatos de protección emitidos por los jueces de control.

Tania Magaly Campos, de 42 años de edad, fue ultimada a tiros en el sector Las Torres, en Gramovén, supuestamente por el ex cónyuge de una de sus hijas. El conflicto entre ambos fue conocido por los tribunales, hasta el punto en que Policaracas recibió una orden tribunalicia de proteger a Campos, pero según Yuri Zerpa, otra hija de la víctima, los agentes iban rara vez al lugar.

La actividad de protección a víctimas y testigos está regida por una ley vigente desde agosto de 2006. En ella se indica que la Fiscalía creará una oficina para administrar los fondos que aseguren el financiamiento de este servicio; no obstante, el comisario Elisio Guzmán, director de Polimiranda y presidente del Consejo Metropolitano de Seguridad, y Manuel Tangir, director de Seguridad de Baruta, señalaron que la custodia a testigos y víctimas es costeada con recursos propios.

Entre Polimiranda y Polibaruta suman 72 funcionarios los dedicados exclusivamente a vigilar a estas personas, así como a detenidos que requieren de apostamientos policiales como son los casos del psiquiatra Edmundo Chirinos, la jueza María Afiuni o de algunos directivos de casas de bolsa.

En otras circunstancias, según Tangir, estos agentes podrían ser utilizados para reforzar el patrullaje, pero deben ser distraídos de sus funciones primordiales debido a la ausencia de instituciones como el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos o la unidad especial del Cuerpo de Carabineros de Italia.

Guzmán indicó además que en Miranda deben acatar 240 órdenes de protección. Son tantas que los agentes sólo pueden cumplirlas al incluir el ámbito de la persona a ser protegida en sus circuitos de patrullaje. En estos casos los agentes pasan dos veces al día y firman una planilla.

“El Consejo General de Policía debería fijar posición sobre esto, así como sobre los apostamientos. Mientras tanto, si no cumplimos de alguna manera los tribunales podrán declararnos en desacato”, advirtió.

En el caso de los apostamientos, los cuerpos de seguridad deben destinar al menos tres funcionarios todos los días por cada lugar a vigilar. Los agentes permanecen en el sitio durante ocho horas continuas hasta que los relevan.

Sin reglamento
El Código Orgánico Procesal Penal, reformado este año, establece en su artículo 23 que la reparación y la protección a las víctimas son objetivos de los procesos adelantados por los órganos de justicia. El texto añade que los funcionarios reticentes a procesar las denuncias en forma diligente serán sancionados.

La norma sobre Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, vigente desde 2006, señala en su artículo 47 que los agentes del Estado que se nieguen a cumplir las órdenes de protección serán declarados en desacato y serán penados con prisión de tres meses hasta un año, así como multa hasta por el equivalente a 500 unidades tributarias.

Hasta ahora la ley no ha sido reglamentada. Por lo tanto, si el tribunal no señala en forma específica cómo debe cumplirse la medida de protección eso quedará a discreción del cuerpo que prestará el servicio.

Foto ID: 822015

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