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Las “megabandas criminales” que aterrorizan a los venezolanos

Fermín Mármol García / vivoplay

Fermín Mármol García / vivoplay

"Necesitamos un Presidente que esté dispuesto a pagar el costo político de enfrentar la violencia, porque habrá un costo político", ha dicho el criminólogo Fermín Marmol García

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Las que operan en Venezuela son seis, y aunque son “hampa común”, no pueden ser calificadas como bandas sencillas, sino como “megabandas criminales” por su estructura y organización.

Cada una de estas megabandas está formada por al menos 80 individuos que portan armas automáticas cortas, largas e incluso granadas,y cometen un abanico de delitos que abarcan el secuestro, robos de vehículos, extorsión, venta de drogas e incluso trata de blancas.

La solución para desarticularlas no es fácil: mano férrea y golpes certeros por al menos 3 años, según le dijo el criminólogo Fermín Marmol García a la periodista Shirley Varnagy en una entrevista para Unión Radio.

El concepto de megabanda nació en Centroamérica, cuando los delincuentes de organizaciones menores notaron que podían incrementar sus ingresos y su influencia si se aliaban con otros delincuentes, que en su momento eran considerados enemigos.

El criminólogo observó un problema a la vista, el de la “imitación”: que otras bandas pequeñas se asocien para enfrentar a la autoridad y maximizar sus ganancias.

Marmol García identificó a seis grandes megabandas criminales, encabezadas por "El Picure", cuyo líder responde al nombre de José Tovar Colina y quien es fuerte en los estados Aragua y Guárico.

Sin embargo, las actividades hamponiles de "El Picure" ya comienzan a extenderse a otras entidades, e incluso tienen una zona de “enfriamiento” -guarida- en el municipio Libertador de Caracas.

En Aragua también opera otra megabanda, conocida como El Juvenal, y de las mismas características de El Picure.

Otras tres, cuyos nombres son difusos porque usan el de los líderes de turno, intervienen en el Sur del Lago de Maracaibo, el estado Bolívar y toda la troncal 9, desde Caucagua hasta El Guapo, en el estado Miranda.

Marmol García aún identifica otra más, aunque no ahondó sobre sus características ni la zona en la que operan.

Estimó que el uso inmediato de la tecnología podría facilitar la captura de delincuentes y reducir sus actividades. Puso como ejemplo el uso de inhibidores de señales en las cárceles para evitar las llamadas por teléfonos móviles, mediante las cuales se coordinan secuestros y hasta asesinatos.

Cree que los videos de criminales deben ser difundidos en la TV abierta para que los ciudadanos ayuden, de forma anónima, a ubicar a los delincuentes.

“En Caracas una banda ha asestado 5 golpes en joyerías usando granadas ¿Por qué si han sido filmadas (estas personas) no se usan los noticieros para difundir sus rostros, que están descubiertos? ¿Por qué no usamos nuestros noticieros para emitir videos para que la gente los ubique? ¿Por qué no damos esos pasos contra el crimen y la violencia? El delincuente se apoya en el anonimato, y el anonimato se debe acabar”.

Planes de seguridad

En el país funcionan, a la misma vez, tres planes de seguridad: de pacificación -zonas de paz-, de patrullaje -cuadrantes- y de desarme.

Estimó que el de pacificación está destinado al fracaso porque “no se puede sentar en la misma mesa a nuestros jefes policiales con los jefes criminales”, y porque ningún pacto con hampones tendrá futuro.

“Los delincuentes no tienen palabra”, aseveró.

Los planes de patrullaje y desarme son similares, dijo, a unos establecidos en Colombia y Brasil y que rindieron frutos en esos países, pero en Venezuela carecen

Insistió en que “la mano dura” es parte de la solución, pero no esconde que esto conlleve un “costo político” que los dirigentes pocas veces están dispuestos a asumir.

“En un país con régimen presidencial como el nuestro las políticas solo funcionan si el Presidente las pone en su lista de prioridades. En Venezuela se requiere que el Presidente tome el tema, como lo hizo Álvaro Uribe en Colombia o Lula en Brasil. No es un asunto de ideología”.

“Necesitamos un Presidente que esté dispuesto a pagar el costo político de enfrentar la violencia, porque habrá un costo político… denuncias (de abusos)”, sumó.

Reseñó Sumarium.