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6.887 medidas de protección ha pedido la Fiscalía en 3 años

Las medidas de protección han disminuido durante los últimos años  / Raúl Romero

Las medidas de protección han disminuido durante los últimos años / Raúl Romero

Con este mecanismo “el Estado se obliga a custodiar a la víctima o testigo para que participen en proceso penal”, explicó abogado

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Durante los últimos tres años el Ministerio Público ha promovido el otorgamiento de 6.887 medidas de protección a víctimas o testigos en casos penales, ante los tribunales.

Este dato está contenido en los informes de la Fiscalía correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011. En el primero de ellos se indica que la unidad de atención a las víctimas fue creada en 2008, por lo que no hay registros de los años anteriores.

La Ley sobre Protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, vigente desde agosto de 2006, establece que tales medidas deberán ser acordadas con celeridad por los jueces pues se supone que están ante situaciones de urgencia en las que existe un riesgo inminente.

Antes de que fuera aprobada esta norma los tribunales otorgaban las medidas de protección basados en el Código Orgánico Procesal Penal, aunque no existía una precisión sobre las circunstancias y los lapsos en que debían hacerlo, según el abogado y docente Alonso Medina Roa.

Recordó, por ejemplo, el caso de una joven que se convirtió en la principal testigo del Ministerio Público sobre el homicidio de tres soldados que se habían declarado en disidencia y se fueron a la plaza Altamira. Sus cadáveres, así como el de una joven que solía acompañarlos, fueron encontrados en Parque Caiza en diciembre de 2002.

Obligación del Estado

Con las normas planteadas en el COPP, según Medina, y la aprobación de la ley en 2006 “el Estado se obliga a custodiar a la víctima o al testigo para que participe en el proceso penal y se pueda procurar la justicia”.

Este punto es especialmente importante en las investigaciones sobre la delincuencia organizada.

El problema, añadió Medina, es que en Venezuela no existe una cultura ni protocolos para la protección de las víctimas y los testigos. Explicó que la protección va en dos vertientes: el resguardo físico a través de los organismos que decida el juez, y a asistencia sicológica mediante expertos en manejo de estrés postraumático.

Para este trabajo se intentó entrevistar a la fiscal superior del Distrito Capital Maricela Lucena, pero la funcionaria se negó a declarar.

Un caso actual

La abogada Claudia Mujica, acusadora privada en el juicio por violación y privación ilegítima de libertad contra el teniente coronel del Ejército Iván Sosa, informó que fue tramitada una medida de protección para su cliente y víctima en este caso, Alexandra Marisol Hidalgo.

Mujica dijo que en casos relevantes como este los fiscales suelen actuar con celeridad ante los juzgados. Inclusive se ha solicitado que se exima a la víctima de acudir físicamente al juicio oral y, en cambio, se le permita comparecer en una videoconferencia.

En casos menos notorios es necesario recabar evidencias que permitan sustentar la solicitud. El tribunal debe decidir en 24 horas.

Las peticiones de protección “no son tan comunes”, según Mujica. El juez puede ordenar un apostamiento policial en la residencia de la víctima o testigo, o también una escolta permanente.

La disparidad en cuanto a las formas de cumplir con las medidas de protección dieron la posibilidad de que fuera atacada a tiros Tania Magaly Campos, de 42 años de edad, quien murió el sábado a las 7:30 pm en Gramovén, Catia. Fue ultimada supuestamente por la persona con la que ella mantenía un conflicto. Agentes de Policaracas debían protegerla.