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Intervención de Poliamazonas comenzará esta semana

El viceministro del Sistema Integrado de Policía se reunirá con el director del organismo para revisar adaptación a estándares

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El lunes en la noche, el director de la policía del estado Amazonas, teniente retirado Manuel Bravo, se enteró de los detalles de la inminente medida de intervención a ese cuerpo de seguridad por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El funcionario indicó que el proceso “no tiene vuelta atrás”, toda vez que fue anunciado públicamente por el presidente Nicolás Maduro, y que comenzará con la visita del viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división retirado Marcos Rojas, pautada para hoy.

Bravo y Rojas conversaron ayer por teléfono y quedaron en analizar al detalle el proceso de adaptación de la policía de Amazonas a los estándares fijados por el Ejecutivo.

El cuerpo de seguridad está en proceso de asistencia técnica desde 2011. Desde que Bravo asumió la dirección en marzo de este año, el MRI ha elaborado dos informes en los que critica la efectividad del organismo, así como la extensión de los servicios que ofrece a la comunidad.

Sin embargo, Bravo aclaró que contra los funcionarios a su mando no existen denuncias en Fiscalía o en tribunales por violaciones a derechos fundamentales. Considera que este dato se lo dio a Maduro la presidenta de Corpoamazonas y ex candidata a la gobernación, Nicia Maldonado. Por eso, concluyó que la decisión del jefe del Estado tiene un trasfondo político.


En construcción. Las cifras aportadas por Bravo indican que Poliamazonas también está afectada por el déficit de agentes, una "enfermedad" común a los cuerpos de seguridad regionales y municipales del país.

En el caso de la policía estatal se necesitan 471 funcionarios y sólo hay 355, es decir faltan 116 agentes. Además, debido a los permisos y suspensiones sólo hay 288 en capacidad operativa. “Ninguna policía llega al estándar del pie de fuerza fijado por el Gobierno. Ni siquiera la Policía Nacional Bolivariana con la GNB lo cumplen”, dijo.

Bravo aspira a que se logren las rectificaciones necesarias durante el proceso de intervención, y que al final la policía vuelva a manos de la administración de la entidad.


Otras medidas. El viceministro Rojas informó que la intervención a Poliamazonas fue decidida en virtud de la escasa atención a las observaciones formuladas en el proceso de asistencia técnica.

Señaló que la intervención podría extenderse por un lapso mínimo de seis meses hasta un máximo de un año. Si continúan los problemas se aplicará una medida de suspensión.

Dijo que a partir de la próxima semana comenzarán las intervenciones a otras 13 instituciones policiales, todas municipales.

Rojas no quiso precisar cuáles policías serán afectadas. Extraoficialmente se conoció que tres de ellas están en Anzoátegui. En todo caso, se trata de cuerpos con poco personal operativo.

El viceministro sostuvo que las medidas no están orientadas por intereses partidistas. Indicó que las primeras instituciones intervenidas serán de alcaldías en manos de militantes del PSUV, precisamente para despejar dudas sobre la supuesta intención de revancha política:

“Primero vamos con los nuestros, y después con los opositores. Hay de ambos”.

Señaló que la vigilancia policial en los municipios afectados será ejercida en forma conjunta por los cuerpos estadales, la Policía Nacional Bolivariana y la GNB. “En todo caso, esas policías municipales no están prestando servicio”, señaló.


Gradualidad

La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional impide al Ejecutivo la intervención intempestiva de las instituciones de seguridad. Esto solamente se puede ordenar cuando se verifique “la participación masiva y continuada de sus funcionarios (...) en violación de los derechos humanos, en redes delictivas o en actividades que atenten contra el orden constitucional”. La intervención también es posible si la pide el gobernador o la autoridad municipal, o el titular del Ministerio Público.

De acuerdo con la ley, lo usual es que el MRI asesore a las policías y aporte los recursos correspondientes para que puedan llegar a los estándares fijados por el Gobierno.