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26.000 detenidos mantienen colapsadas sedes policiales del país

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Los retardos procesales por suspensión de audiencias también obedecen a la disminución de horarios de los tribunales por el ahorro energético 

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El cómputo de la pena por el delito de robo agravado en grado de frustración, que impone una condena de cuatro años en un centro de reclusión, es el requisito que el Ministerio para el Servicio Penitenciario exige para asignarle un cupo a José Rafael Díaz en la cárcel de Yare III. Este documento firmado fue emitido hace cuatro meses y aún no se ha concretado el traslado de Díaz a la institución. La respuesta sobre su larga espera es que “simplemente no hay cupo”.

Mientras le asignan el cupo sus días transcurren en uno de los 6 calabozos de la Comandancia General de Polimiranda. Allí comparte un espacio de 4 x 3 metros con otros 70 presos. “Llevo un año durmiendo parado porque no hay manera de sentarse a descansar los pies y con los problemas de racionamiento de agua, nos bañamos con tobitos. Como estamos hacinados no salimos de una epidemia de escabiosis, diarrea y vómitos”. Dice que los padecimientos suelen prolongarse hasta por dos meses.

“Aquí hemos hecho cualquier cantidad de protestas para que nos saquen, desde motines hasta huelgas de hambre. Hablamos con fiscales, defensores de derechos humanos para que intercedan ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario en aras de que agilicen los procesos y otorguen rápido los cupos, pero los reclamos y las horas que pasamos sin comer han sido en vano. Para la ministra Iris Varela nosotros no existimos, como no es ella la que vive en estas condiciones…”, se lamenta.

La queja de Díaz es similar a la que exponen otros 239 detenidos distribuidos en los 7 centros de coordinación policial de Polimiranda, en todo el estado, en donde conviven hacinados. La capacidad máxima de albergue es de 140 presos. El problema de sobrepoblación continúa siendo el mismo: el retardo procesal. “Aquí hay detenidos que han asistido a 20 audiencias y tienen más de 2 años aquí sin ser trasladados”, dijo Freddy Castillo, jefe de la sala de guardia y custodia del cuerpo de seguridad.

La saturación de las áreas de guardia y custodia de estos organismos se ha hecho extensiva a cerca de 400 sedes policiales en el país, según cifras que maneja la Fundación Una Ventana a la Libertad. Su director, Carlos Nieto, destacó que hay un aproximado de 26.000 detenidos en estas sedes, cuando debería haber 6.000 tomando en cuenta su capacidad limitada, pues son lugares de permanencia transitoria. De acuerdo con sus cálculos, hay una sobrepoblación de 20.000 presos en las sedes de los organismos de seguridad. Los retardos procesales son provocados en la mayoría de los casos por los diferimientos de las audiencias porque no asisten los testigos y ello ha traído como consecuencia que se produzcan fugas y motines.

Audiencias vs. ahorro de energía

A estas suspensiones de audiencia se agrega un agravante: el horario restringido de los tribunales por la medida de ahorro energético. “Solo trabajan lunes y martes de 8:00 am a 2:00 pm. Debido a esto, 36 reos semanales en promedio quedan sin asistir a las audiencias. “En el último mes 120 presos de Polichacao no han acudido a los tribunales por la reducción de horario”, expuso Gustavo Duque, director de seguridad de Chacao.

Otros cinco reclusos de Policarrizal no han asistido a las audiencias por esta causa. Esto retrasa aún más los procesos porque hasta ahora solo hay dos días para que ellos puedan presentarse. “No han llegado boletas de notificación de las fechas de los próximos traslados a los tribunales”, comentó su director, Julio González.

Cuando se aprueban los cupos a los centros penitenciarios las policías deben comprar obligatoriamente un kit. “El Ministerio para el Servicio Penitenciario no aprueba el traslado de presos, sino es con la entrega de un paquete que debe incluir un juego de sábanas, un desodorante, champú, colchoneta y una braga que funge como uniforme; cuyo monto se calcula en 75.000 bolívares actualmente. “Desde noviembre del año pasado hemos comprado 56 kits. Nos ha costado armar el paquete por la escasez de productos de primera necesidad. Aún así hacemos un esfuerzo y hasta la fecha se han invertido 4,2 millones por este concepto, cantidad que la policía no ha incluido en su presupuesto”, denunció Duque.

Cobro por pase de alimentos

En algunas sedes, los funcionarios cobran a los familiares de los detenidos por el ingreso de comida, por pasarles artículos de aseo personal e incluso si se retrasan en la entrega de los almuerzos, según denuncias. Ninoska Mijares tiene a su hijo de 19 años recluido en uno de los calabozos de la Policía Nacional en La Yaguara. Antes estuvo unos días en la zona 7 de ese organismo, ubicada en el municipio Sucre. “En una oportunidad que fui a llevarle un almuerzo, un funcionario me dijo que ya no lo podía recibir porque llegué 10 minutos después de la hora pautada para el recibimiento del almuerzo y si quería que él comiera, debía darle 700 bolívares. A una amiga que tenía a su esposo detenido en esa dependencia no solo le revolvieron la comida, sino que además debía pagarle al funcionario 2.000 bolívares, a pesar de que llegó a la hora fijada”, relató la mujer, indignada.

El costo de lidiar con enfermos

En las sedes policiales hay detenidos que tienen patologías graves y los funcionarios deben ingeniárselas para trasladarlos a los hospitales cada vez que requieran. Además deben lidiar con la escasez de medicamentos En Polichacao, por ejemplo, hay un preso diagnosticado con VIH y ya ha desarrollado la enfermedad. Aunado a ello, otros dos reos padecen de esquizofrenia y dos de tuberculosis.

“El detenido que padece de sida con frecuencia sufre de desmayos y vómitos. Se descompensa y cuando esto ocurre hay que llevarlo de emergencia al hospital. Por fortuna, los médicos de Salud Chacao nos apoyan. También nos hemos topado con la piedra de tranca de que no se consiguen las medicinas para el tratamiento de esquizofrenia. Lo que hemos encontrado ha sido por donación”, explicó José Cochos, supervisor jefe de Polichacao.

Mientras que en Polisalias, hay un preso diagnosticado con cáncer de mama. “Tenemos que habilitar funcionarios, que deberían estar en la calle haciendo patrullaje, para que cada 15 días lo lleven al hospital”, dijo Carmen Mavares, directora de esa dependencia.